Un tribunal de La Habana condenó a penas de hasta 10 años de prisión a seis directivos de entidades municipales de la capital por un caso de malversación de fondos que ocasionó entre 2012 y 2014 un desfalco de 9.4 millones de pesos cubanos (unos 355.000 dólares), informaron este viernes medios oficiales.
Los seis directivos, que fueron juzgados el pasado 26 de enero por el Tribunal Provincial de La Habana y cuya sentencia se ha conocido ahora, pertenecían al Servicio de Comunales (UPSC), que se encarga de la limpieza y recogida de la basura, del municipio habanero Boyeros, a la Dirección Municipal de Finanzas y Precios (DMFP) y al Centro de Gestión Contable de ese territorio.
El director de la UPSC, Alejandro Berenguer; la directora municipal de Finanzas y Precios, Yeney Molina, y la responsable del Centro de Gestión Contable, Felicia Bonné, fueron condenados a 10 años de cárcel cada uno por "falsificación de documentos bancarios y de comercio con carácter continuado como medio para cometer el delito de malversación", según una extensa nota publicada este viernes en el diario Granma.
También fue sentenciada a cinco años de prisión por los mismos delitos la técnica en gestión económica Miriam Díaz Rivero. Otras dos directivas, Tatiana Marrero y Mercedes Machado, recibieron sendas condenas de un año de privación de libertad tras ser acusadas de incumplir el deber de preservar los bienes de entidades económicas.
De acuerdo con la investigación, los principales acusados "falsearon" el número de trabajadores en la UPSC de Boyeros y "el monto a extraer para el pago al personal", que recibió un aumento "drástico" sin que la unidad bancaria correspondiente –también estatal– lo reportara como sospechoso, aún cuando hubo extracciones "por encima incluso del número falso".
Además, las autoridades descubrieron que se "transfirió indebidamente" poco más de 4.000.000 de pesos cubanos (unos 160.000 dólares) "por encima del presupuesto aprobado" a la empresa de Servicios Comunales, sin documentos oficiales.
En su nota, el diario oficial Granma admite que es inquietante saber que durante "casi dos años ocurrieron violaciones de esta índole" sin que "ninguna instancia superior" se percatara de las irregularidades.
Los auditores que investigaron el caso señalan como factores que propiciaron estos delitos una fiscalización ineficaz, la "ausencia de contrapartidas", la "selección inadecuada" de los directivos y una extrema "superficialidad para hacer frente a las ilegalidades".
Granma destaca que estos hechos no pueden "analizarse de modo aislado", en referencia a otro caso reciente de malversación en unidades de Servicios Comunales y de Finanzas del municipio de la Habana Vieja, el cual pudo coincidir "en el tiempo y haber iniciado incluso antes de 2012".
El cuartico está igualito
La recogida de basura es uno de los grandes problemas de la capital cubana desde hace algunos años, por el alto volumen que se genera y el insuficiente mecanismo de recolección, lo que provoca pequeñas montañas de desperdicios en muchas esquinas de la ciudad .A ello se une que vecinos que reparan sus viviendas vierten escombros junto a los desperdicios.
La situación en Boyeros no ha cambiado con los arrestos. En julio de este año el periodista ciudadano Giovany Díaz López reportó que la basura continuaba aumentando en las áreas del municipio. “Los vecinos se quejan pues pasan varios días y el carro de recogida de desechos no pasa. Los vertederos siguen en aumento. El residuo de una cafetería cercana es descargado, en uno de estos. También la basura de la fábrica de hormigón y terrazos es lanzada en estos vertederos”.
“ Varios habitantes del Reparto Capdevila, están alarmados por la contaminación que en él existe. Las acumulaciones de desechos de las viviendas y de los centros estatales no son recogidas. En ocasiones, lugareños han observados roedores y criaderos de larvas en el lugar”.
“Uno de estos basureros se encuentra en Calle Varona y Avenida Vento, perteneciente al municipio capitalino de Boyeros. Los vecinos se encuentran asustados, pues en el reparto, desde hace más de un mes, existe un brote de dengue y varias personas con tuberculosis”.
“Las ratas parecen hurones. Desde que el director de comunales Alejandro Berenguer está sancionado, la empresa de comunales está patas arriba. Los carros pasan cuando les parece y recogen la basura a medias, nunca se la llevan toda”, expresó Aidé Hernández, quien vive muy cerca del vertedero”.
“El nuevo delegado no se ha dado a conocer. Los problemas, como el de la basura sin recoger y las epidemias, van en aumento. Mientras los vertederos y los salideros de agua sigan, las enfermedades van a aumentar cada día más” añadió Yaritza Rodríguez”.
Lista de sancionados
Alejandro Berenguer Hernández, director de la Unidad Presupuestada de Servicios Comunales (UPSC), sancionado a 10 años de privación de libertad, por delitos de falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado como medio para cometer malversación.
Felicia Bonne Vicet, jefa del Centro de Gestión Contable, 10 años de privación de libertad, por delitos de falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado como medio para cometer mal¬versación.
Yeney Molina Martínez, directora municipal de Finanzas y Precios, 10 años de privación de libertad, como autora de delito de falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado como medio para cometer malversación.
Miriam Rivero Corona, técnica en gestión económica, cinco años de privación de libertad, subsidiada por otros cinco años de limitación de libertad, como autora del delito de delito de falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado como medio para cometer malversación.
Tatiana Marrero Guerra, vicedirectora de Presupuesto de la Dirección Municipal de Finanzas y Precios, un año de privación de libertad, condicionada a otro año de trabajo correccional sin internamiento, por delito de incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas.
Mercedes Machado Luján, técnica en gestión económica, un año de privación de libertad, condicionada a otro año de trabajo correccional sin internamiento,por delito de incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas