Condenas de hasta 20 años a manifestantes del 11 de julio de Mayabeque

Manifestantes sostienen la bandera cubana durante las protestas en contra del gobierno, en La Habana, el 11 de julio de 2021. (REUTERS / Alexandre Meneghini)

El Tribunal Provincial de Mayabeque dio a conocer las sentencias firmes de 20 años de privación de libertad para Maikel Puig Bergolla y 18 para Noslen Roque Cordero, las más altas para los participantes en las masivas protestas del 11 de julio en Güines.

“Yo pensaba que iban a hacer una rebaja bien grande porque en el juicio todo había salido a favor de él. Sobre todo, en el de ‘asesinato tentado’, no se pudo probar, nadie presentó un certificado de lesiones y con el de ‘instigación’, lo mismo”, dijo a Radio Televisión Martí, Saily Núñez, esposa de Puig Bergolla, culpado de "desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, asesinato en grado de tentativa y desacato a la figura agravada".

“El desacato agravado se lo pusieron aún cuando los policías alegaron que no lo vieron bajarse el nasobuco y que entre la multitud no pudieron asegurar que Maikel gritaba, por supuesto que entre 2 mil y 3 mil personas, usted no puede saber de quiénes eran las voces. ¡Si clamaba un pueblo entero!”, señaló Núñez.

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Por su parte, Meibo González García confirmó a nuestra redacción la condena para su esposo Noslen Roque Cordero por asesinato en grado de tentativa, instigación a delinquir y desacato:

“Al único que no le bajó nada fue a él porque un policía dice que le tiró piedras. Entonces la palabra del policía vale más. No hay una prueba de esa afirmación. En seis meses no pudieron encontrar una prueba. ¿Dónde están los derechos? Hay mucha mentira, yo ya no aguanto más, soy una mujer de 50 años, su mamá es una vieja. Nosotros no tenemos recursos. Yo pensé 8 años o 10, aunque no hizo nada, pero, bueno, como son las leyes cubanas, pero ¿18 años?, no es fácil”.

“Un muchacho que estaba ‘integrado’ y su familia igual. Ahora no queremos saber de este gobierno, nada y que me lleven presa, no me interesa. Son muy abusadores y muy mentirosos. Y los jueces y todo el mundo saben que todo fue mentira”, consideró.

“La madre está como loca, vendiendo su ‘frío’ para poder sacar el dinero que nos piden los defensores para hacer la apelación al Tribunal Supremo. Es el Estado quien nos cobra 5,400.00 pesos para hacer el contrato para apelar porque esos abogados son estatales”, lamentó González García.

Además, recibieron su condena los güineros Mariurka Díaz Calvo (15 años), Dunieski Ruiz Cañizares (5 años), Yeriel Cruz Pérez (10 años), Yaniel Santana Díaz (12 años), Luis Miguel Valls Pérez (10 años) y Noel Martínez Tápanez (6 años).

De acuerdo al documento con las conclusiones del tribunal, la abogada de Puig Bergolla y Roque Cordero estimó que sus defendidos no cometieron delito alguno por lo que debían ser absueltos. En cuanto a Valls Pérez, solo debía responder por el cargo de evasión de presos y detenidos y Santana Díaz, por el de desacato.

Los fallos van de 5 a 20 años por delitos de asesinato en grado de tentativa, desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, atentado y evasión de presos o detenidos.

Por otro lado, los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo fueron condenados a seis y ocho años de privación de libertad, respectivamente, por asistir a las demostraciones en San José de las Lajas, provincia Mayabeque.

El veredicto, que se hizo firme el martes pasado, rebaja dos años de cárcel para los dos manifestantes, pero su madre, Marta Perdomo, asegura que sus hijos fueron convictos por cargos fabricados porque sólo ejercieron su derecho a expresarse libremente.

“Nos engañaron. Fue triste lo que nos hicieron creer. Pensábamos que el juicio lo teníamos ganado por todas las verdades que se dijeron. Desestimaron a los testigos por ser amigos de la cuadra. Estos jueces dictaron una sentencia injusta a dos jóvenes de bien”, indicó.

El juicio contra Jorge y Nadir concluyó el 25 de enero en la capital mayabequense, inculpado el primero de doble desacato y el segundo de atentado.

Nadir Martín Perdomo fue enviado al centro penitenciario de Melena del Sur y Jorge se mantiene en el de Quivicán. De esta forma consumaron la amenaza de la Seguridad del Estado de separar a los dos hermanos y castigar, de este modo también a la familia.

“Cumplieron su amenaza: me separaron a mis hijos, pero nunca separarán sus valores, sus principios, todas las cosas lindas que un día les enseñé. Por cada lugar que pasen sembrarán la semilla de la verdad que yo les inculqué en sus mentes y en sus corazones. Mis hijos son inocentes, pidieron libertad, no son bandoleros”, recalcó la madre.

Tras más de seis meses de silencio sobre estos procesos judiciales que han escandalizado a la opinión pública cubana e internacional, la Fiscalía General de la República aclaró que 790 manifestantes están bajo la medida cautelar de prisión provisional acusados de “actos vandálicos”, “graves alteraciones del orden”, “sedición” y otros.