Un tribunal de Ecuador ratificó el lunes una sentencia en contra del expresidente Rafael Correa que lo condena a ocho años en prisión por cobros indebidos a contratista para financiar campañas electorales, una nueva resolución que le impedirá ser candidato en los comicios de 2021.
Correa había presentado un recurso de casación, el último que le permite la ley ecuatoriana, ante la Corte Nacional de Justicia para dejar sin efecto el fallo que lo condenaba a prisión y le quitaba sus derechos ciudadanos, negando todas las acusaciones en su contra.
El tribunal penal de la Corte de Justicia, integrado por tres jueces, negó el pedido de Correa y de otros 15 funcionarios de su gobierno y empresarios vinculados con el caso, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, actualmente en prisión por la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
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Rafael Correa, apartado de la política de cara a las elecciones de 2021
"Por voto de mayoría (...), el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia acogió la solicitud de la fiscal general, Diana Salazar, y rechazó los recursos de casación presentados por 16 de los sentenciados en esta causa", dijo la Fiscalía de Ecuador, en su cuenta de Twitter.
"Por tal motivo, la condena fue ratificada en todas sus partes, debiendo cumplirse con las penas impuestas en la audiencia de apelación. Es decir, 8 años de prisión para la mayoría de ellos y la reparación integral al Estado por 14,7 millones de dólares", agregó.
Correa, quien estuvo durante una década en el poder y actualmente reside en Bélgica, anunció el mes pasado su candidatura a la vicepresidencia como parte de una coalición de movimientos políticos y organizaciones sociales, pese a los procesos judiciales en su contra.
"Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia definitiva para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular", dijo Correa en su cuenta de Twitter. "Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer", agregó.
Correa ha negado las acusaciones de la fiscalía de haber financiado con sobornos las campañas electorales de su movimiento político entre el 2012 y 2016 y ha dicho que se trata de una persecución política del presidente Lenín Moreno, quien llegó al cargo en 2017 con su apoyo político.
El exmandatario además tiene una orden de prisión preventiva vigente por el supuesto secuestro de un opositor político.
Los ecuatorianos acudirán a las urnas el 7 de febrero del 2021 para elegir a presidente y vicepresidente y a 137 asambleístas.