Las empresas de cruceros con base en Miami, Carnival Corporation, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings y Royal Caribbean Cruises deberán pagar una multimillonaria suma por tráficar con propiedades confiscadas en Cuba, sin indemnización, de acuerdo al veredicto de una corte federal.
El muelle de cruceros en el Puerto de La Habana, donde atracan actualmente los cruceros turísticos, era propiedad de Havana Docks Corporation, de la familia Behn. Uno de sus herederos, Mickael Behn, de nacionalidad estadounidense, presentó ante una corte de Estados Unidos una reclamación certificada como expropiación forzosa en 1960.
Havana Docks había demandado desde mayo de 2019 a estas líneas de cruceros, al amparo de la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar por el uso de propiedades incautadas en Cuba tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.
La jueza federal Beth Bloom ordenó el viernes que estas empresas deben pagar un monto de 400 millones de dólares, luego que estas compañías fueran encontradas culpables de utilizar sin autorización los tres muelles en el puerto de La Habana, confiscados a Havana Docks y de participar en “turismo prohibido”, al trasladar a estadounidenses hasta La Habana y enrolarlos en actividades que se salían de las categorías permitidas bajo el programa Pueblo a Pueblo.
La documentación del caso revela que estas compañías ganaron más de 1,100 millones de dólares en sus viajes a Cuba, en los que también pagaron 138 millones de dólares a empresas del régimen cubano.
"El uso comercial de bienes confiscados en Cuba en violación de la ley estadounidense conlleva consecuencias legales claramente detalladas, bien conocidas y publicitadas. Después de décadas de perseguir sus derechos legales, Havana Docks está un paso más cerca de la justicia", dijo Bob Martínez, jefe del equipo de defensa legal, al periódico El Nuevo Herald.
En 2019, la Administración del presidente Donald Trump, activó el Título III de la Ley Helms Burton de 1996, permitiendo que ciudadanos estadounidenses presentaran demandas en busca de compensación monetaria por el usufructo de propiedades expropiadas a sus familias y que han sido utilizadas especialmente por compañías navieras y hoteleras de terceros países.