Radio Asia Libre reporta que investigadores de los derechos humanos declararon en un informe presentado el lunes, que el trato otorgado por las autoridades de China a la etnia Uigur y otras comunidades musulmanas de origen “Turkico” de la Región Autónoma de Xinjiang, en la China Occidental, cumple con la definición internacional de “crímenes contra la humanidad”.
El informe subraya que esto merece una investigación y la aplicación de sanciones de parte de las Naciones Unidas, en un esfuerzo por llevar a juicio a los funcionarios responsables por las violaciones cometidas.
La organización Human Rights Watch y la Facultad de Derecho de Stanford (en California) han estado denunciando que desde por lo menos el año 2014, el Gobierno de China ha estado cometiendo varios crímenes contra la humanidad, contra los musulmanes Turkicos, incluyendo detenciones arbitrarias en masa, torturas y muertes en la cárcel, así como desapariciones inexplicadas.
Lee también EEUU: Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur en ChinaLos investigadores han evaluado las prácticas del Gobierno de China contra los Uigur, así como contra los Kazakos y los pobladores de Kyrgyztán, por el criterio de crímenes contra la humanidad del Estatuto Romano del Tribunal Criminal Internacional, que entrara en vigencia en el año 2002.
El “Estatuto de Roma” define los crímenes contra la humanidad como “actos específicos cometidos como parte de ataques amplios o sistemáticos dirigidos contra cualquier población civil, con conocimiento pleno del ataque”.
El informe especifica que los cuatro criterios son:
-que el ataque sea “amplio o sistemático”;
-que el ataque sea dirigido contra una “población civil”;
-que los hechos sean cometidos “con conocimiento del ataque”;
-que los hechos fueran “en cumplimiento de o en consecución por, un Estado u organización política, para cometer dicho ataque”.
El informe de Human Rights Watch afirma que el encarcelamiento en masa de un millón de musulmanes de Xinjiang reúne las condiciones descriptivas de un “ataque amplio o sistemático”.
Los ciudadanos musulmanes que viven en la región de Xinjiang, constituye una población civil específica. Documentos internos diseminados entre funcionarios del Partido Comunista de China hacen referencia a elementos de los crímenes cometidos contra los musulmanes, tales como “la reeducación estilo asalto” de detenidos que no cooperan con el proceso, e ilustra el conocimiento del ataque por parte de las autoridades chinas.
El cuarto requisito “demanda que el Estado u organización, promueva activamente o aliente tal tipo de ataque contra una población civil”.
Los relatos de ex detenidos que fueron encarcelados en distintas instalaciones durante distintos tiempos – tales como el uso de “la silla del tigre”, el adoctrinamiento político forzado y la emasculación cultural, así como la similitud en las condiciones carcelarias – son increíblemente similares, lo que es indicativo de la existencia de una política o norma organizada de actuación.
La insistencia del Gobierno de China en mantener en estricto secreto dicha actividad, demuestra el alto grado de control centralizado sobre los campamentos, así como el conocimiento institucional de la necesidad de “mantener en cubierto” sus trabajos internos.
Los hechos del Gobierno de China contra los musulmanes de la región de Xinjiang implican los siguientes crímenes contra la humanidad:
Asesinato; esclavización; encarcelamiento u otra severa privación de libertad física, en violación de las reglas fundamentales de la ley internacional; tortura; persecución; desaparición forzada y otros actos inhumanos.
El informe de Human Rights Watch y Stanford destaca que, desde enero, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y los Parlamentos de Bélgica, Canadá y los Países Bajos han determinado que las normas chinas en Xinjiang, constituyen “genocidio”, de acuerdo con las especificaciones de la Ley Internacional.
Human Rights Watch destaca que, el hecho de que China integre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en calidad de miembro permanente, le otorga el privilegio y poder del “Veto” sobre las determinaciones de dicho Consejo.
China – junto con la India, Indonesia, Rusia, Turquía y los Estados Unidos – se encuentra entre los principales Estados que no son parte de la Corte Penal Internacional.