El plan de entrega de tierras en usufructo a personas naturales en Cuba, una de las primeras reformas económicas emprendidas por el Gobierno de Raúl Castro, aún no arroja los resultados esperados, admitieron el martes diputados a la Asamblea Nacional durante las deliberaciones previas al segundo y último pleno ordinario de este año.
En los debates de la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales y Jurídicos se consideró que muchas de las áreas de tierras ociosas otorgadas en usufructo no rinden frutos por "insuficiente e inadecuada explotación", refirió un reporte de la estatal Agencia de Información Nacional.
Por esa razón consideraron que en esos casos no se cumple el objetivo de contribuir a aumentar y dinamizar las producciones agrícolas en el país.
Varios parlamentarios propusieron una revalorización del proceso de otorgamiento, que desde su aprobación en 2008 ha supuesto que más de 1.580.000 hectáreas de tierras estatales están en manos de unos 172.000 usufructuarios "naturales", según datos oficiales.
Los usos principales a los que han sido destinadas esas tierras son la ganadería, los cultivos varios y, en menor escala, las plantaciones de tabaco, café y azúcar.
El límite máximo de hectáreas a entregar por usufructuario es de 67.1 y también se permite realizar otras actividades agrícolas como las forestales y de producción de frutales. El Estado presta a los agricultores las tierras por un máximo de 10 años, tras lo cual deben solicitar una prórroga.
El Gobierno de Raúl Castro estimuló desde 2008 la distribución de tierras ociosas en usufructo para tratar de enfrentar la creciente y gravosa importación de alimentos, que representa actualmente la erogación anual de cerca de $2.000 millones para cubrir más del 60% de las necesidades alimentarias del país. El problema se ha clasificado como de seguridad nacional.
Los analistas observan entre los factores que no han permitido un verdadero despegue de esa reforma la ausencia de un mercado mayorista que provea suficientes insumos; la poca experiencia y capacitación de los usufructuarios; obligatorios y desalentadores contratos ofrecidos por la estatal Acopio para sus cosechas; y falta de autonomía para determinar el tipo y cantidad de sus producciones.
Sin embargo, según el reporte de la AIN, los diputados discutieron más sobre el aporte tributario que el sector pudiera entregar que sobre las causas de sus "discretos" resultados productivos.
Otras limitaciones iniciales como las prohibiciones de contratar trabajadores más allá de los familiares o construir viviendas y otras facilidades en las tierras usufructuadas, fueron resueltas con el decreto-ley 300 de 2012 que sustituyó al original.
Cuba tiene una superficie agrícola total de más de 6.3 millones de hectáreas y cerca del 16% de esa tierra aún no se explota, de acuerdo con cálculos del Ministerio de la Agricultura.