La Asamblea Nacional de Cuba aprobó el jueves por unanimidad su primera ley de medios, en un país señalado por tener uno de los entornos más restrictivos en materia de libertad de prensa.
La Ley de Comunicación Social de Cuba mantiene el control estatal sobre los medios, regula los contenidos y desconoce a la prensa independiente como figura jurídica.
La legislación prohíbe divulgar informaciones que puedan "desestabilizar el Estado socialista" tanto en los medios como en el ciberespacio, y le otorga legalidad solo a los medios vinculados al Estado o al Partido Comunista.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que esa ley es un "primer paso" para regular "el sistema comunicacional" del país y reconoció el enfoque "regulatorio" de la norma.
La ley ha sido criticada por periodistas independientes y activistas de la sociedad civil porque consideran que censura los contenidos contrarios a la narrativa oficial.
El portal oficialista Cubadebate dijo que para expertos consultados por la Asamblea también se trata de una ley de "seguridad nacional" y que el 80 por ciento de las comunidades digitales están en plataformas estadounidenses, en referencia a Facebook y Twitter.
Díaz-Canel dijo al respecto que la norma tiene un "enfoque preventivo ante la subversión".
Activistas y miembros de la sociedad civil independiente han denunciado que los cortes selectivos del servicio de Internet, así como la “suspensión de datos móviles” son una práctica habitual por parte del Estado para silenciar información y opiniones divergentes.
También numerosos ciudadanos han sido condenados a prisión por sus publicaciones en redes sociales.
Para la organización independiente Observatorio Legislativo de Cuba, la ley atenta contra el ejercicio democrático del derecho a la comunicación y las libertades de expresión, acceso y divulgación de información de interés público.
En febrero de 2023, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) contabilizó al menos 508 agresiones contra periodistas en la isla durante el 2022.
En el informe “Balance Parcial 2022, Hechos violatorios a la Libertad de Prensa en Cuba”, la organización independiente señala que la criminalización a la libertad de expresión y prensa está institucionalizada en la isla y que el Estado fue el principal agresor contra la libertad de prensa.
Organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas, Freedom House y la Sociedad Interamericana de Prensa, han denunciado al régimen de Cuba como uno de los mayores violadores de la libertad de expresión y prensa.