La prensa oficialista ha acogido con bombo y platillo la aparición del Decreto Ley 305 acerca del surgimiento de las Cooperativas no Agropecuarias.
El diario Juventud Rebelde, por ejemplo, publicó a finales de año una amplia información al respecto bajo el sugestivo título de "Se buscan socios".
Según los auspiciadores de la iniciativa, se trata de "un paso importante que ya despierta las esperanzas de que pueda contribuir a desatar las fuerzas productivas que aún permanecen adormecidas". En una primera etapa, y de manera experimental, se espera la creación de alrededor de 230 cooperativas, las que funcionarán en sectores como el transporte, la producción de materiales de construcción, y los servicios personales, domésticos y profesionales. En cuanto a estos últimos, solo se permitirán los de traducción, informática y contabilidad.
También se anuncia que serán entidades con personalidad jurídica propia, autónomas, que cubrirán sus gastos a partir de sus ingresos, y que finalmente distribuirán las utilidades entre los socios. Es decir que, aparentemente, estamos en presencia de una experiencia que debe de resultar estimulante para aquellas personas que deseen desplegar sus iniciativas creadoras al margen de la enrevesada madeja de entidades estatales.
Sin embargo, un simple vistazo al itinerario que deberán seguir las solicitudes de los aspirantes a integrar estas cooperativas, nos convence de que el proceso no va a estar exento del mismo mal que ha padecido nuestra economía en las últimas cinco décadas: la burocracia. Inicialmente, las solicitudes deben presentarse ante las dependencias territoriales de los órganos municipales del Poder Popular. Después, estos órganos las trasladan a la Administración Provincial del Poder Popular que corresponda, para, en un tercer momento, ser pasadas a los organismos que rigen la actividad que se proponen desarrollar los cooperativistas. O sea, que si pensamos en una cooperativa de informática, las solicitudes deben ir al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones; y si fuera de contabilidad, entonces habría que acudir al Ministerio de Finanzas y Precios.
Lógicamente, estos organismos de la administración central del Estado no solo van a recibir las solicitudes, sino que las estudiarán con vistas a emitir las orientaciones metodológicas correspondientes. Mas todo no termina ahí. Los ya impacientes aspirantes a cooperativistas deben aguardar a que sus solicitudes sean enviadas a la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, una instancia que también evaluará las solicitudes y emitirá consideraciones sobre ellas. Una vez finalizado este trámite, la referida Comisión eleva las propuestas al Consejo de Ministros, el que, tras este largo y tortuoso camino, al decir del ex beatle Paul M´Cartney, decidirá acerca de la constitución o no de las cooperativas. Y siguiendo ese recorrido, pero en sentido inverso, el fallo del Consejo de Ministros arribará a los órganos municipales del Poder Popular, los que comunicarán la decisión a los abrumados solicitantes. Es probable que, al cabo, si la decisión fuese favorable, ya los aspirantes hayan desistido de su intención.
De acuerdo con los estándares internacionales, la brevedad del tiempo que transcurra entre la presentación de la solicitud para iniciar un negocio privado, y la fecha de arrancada de dicho negocio, es un indicador muy importante para medir la libertad económica existente en la sociedad, así como un presagio de la eficiencia que tendrán los procesos productivos, comerciales y de servicios. Y aunque no conocemos a ciencia cierta el tiempo que demorará el peregrinaje de las solicitudes de los aspirantes a cooperativistas no agropecuarios, no debe de ser breve si consideramos el número de instancias involucradas. Razón por la cual es inevitable que nuestros índices de libertad económica y eficiencia pronosticada continúen siendo observados con sumo recelo.
A fin de cuentas, el titular de la mencionada edición de Juventud Rebelde debía de ser un poco más preciso: "Se buscan socios que posean una buena dosis de paciencia".
Publicado en Diario Digital el 8 de enero del 2013
Según los auspiciadores de la iniciativa, se trata de "un paso importante que ya despierta las esperanzas de que pueda contribuir a desatar las fuerzas productivas que aún permanecen adormecidas". En una primera etapa, y de manera experimental, se espera la creación de alrededor de 230 cooperativas, las que funcionarán en sectores como el transporte, la producción de materiales de construcción, y los servicios personales, domésticos y profesionales. En cuanto a estos últimos, solo se permitirán los de traducción, informática y contabilidad.
También se anuncia que serán entidades con personalidad jurídica propia, autónomas, que cubrirán sus gastos a partir de sus ingresos, y que finalmente distribuirán las utilidades entre los socios. Es decir que, aparentemente, estamos en presencia de una experiencia que debe de resultar estimulante para aquellas personas que deseen desplegar sus iniciativas creadoras al margen de la enrevesada madeja de entidades estatales.
Sin embargo, un simple vistazo al itinerario que deberán seguir las solicitudes de los aspirantes a integrar estas cooperativas, nos convence de que el proceso no va a estar exento del mismo mal que ha padecido nuestra economía en las últimas cinco décadas: la burocracia. Inicialmente, las solicitudes deben presentarse ante las dependencias territoriales de los órganos municipales del Poder Popular. Después, estos órganos las trasladan a la Administración Provincial del Poder Popular que corresponda, para, en un tercer momento, ser pasadas a los organismos que rigen la actividad que se proponen desarrollar los cooperativistas. O sea, que si pensamos en una cooperativa de informática, las solicitudes deben ir al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones; y si fuera de contabilidad, entonces habría que acudir al Ministerio de Finanzas y Precios.
Lógicamente, estos organismos de la administración central del Estado no solo van a recibir las solicitudes, sino que las estudiarán con vistas a emitir las orientaciones metodológicas correspondientes. Mas todo no termina ahí. Los ya impacientes aspirantes a cooperativistas deben aguardar a que sus solicitudes sean enviadas a la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, una instancia que también evaluará las solicitudes y emitirá consideraciones sobre ellas. Una vez finalizado este trámite, la referida Comisión eleva las propuestas al Consejo de Ministros, el que, tras este largo y tortuoso camino, al decir del ex beatle Paul M´Cartney, decidirá acerca de la constitución o no de las cooperativas. Y siguiendo ese recorrido, pero en sentido inverso, el fallo del Consejo de Ministros arribará a los órganos municipales del Poder Popular, los que comunicarán la decisión a los abrumados solicitantes. Es probable que, al cabo, si la decisión fuese favorable, ya los aspirantes hayan desistido de su intención.
De acuerdo con los estándares internacionales, la brevedad del tiempo que transcurra entre la presentación de la solicitud para iniciar un negocio privado, y la fecha de arrancada de dicho negocio, es un indicador muy importante para medir la libertad económica existente en la sociedad, así como un presagio de la eficiencia que tendrán los procesos productivos, comerciales y de servicios. Y aunque no conocemos a ciencia cierta el tiempo que demorará el peregrinaje de las solicitudes de los aspirantes a cooperativistas no agropecuarios, no debe de ser breve si consideramos el número de instancias involucradas. Razón por la cual es inevitable que nuestros índices de libertad económica y eficiencia pronosticada continúen siendo observados con sumo recelo.
A fin de cuentas, el titular de la mencionada edición de Juventud Rebelde debía de ser un poco más preciso: "Se buscan socios que posean una buena dosis de paciencia".
Publicado en Diario Digital el 8 de enero del 2013