La aprobación de los principales documentos sobre la actualización del modelo económico y social cubano hasta el 2030 ha sido interpretada por expertos y analistas como la confirmación de que el destino de la isla ha quedado oficialmente atado a los militares.
La evidencia para la aseveración de los expertos es la aprobación este 1 de junio en las sesiones de trabajo de los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de los documentos “Conceptualización del Modelo Socioeconómico y Social Cubano de Desarrollo Socialista”, “Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030” y “Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos”, a los que se unen las nuevas modificaciones a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
En el programa Cuba al Día, de Radio Martí, el abogado Roberto Quiñones Haces dijo que esta es "la primera vez que el castrismo conceptualiza su proyecto”, y criticó que la promulgación de esos documentos reflejan los intereses de los comunistas y dejan fuera al resto de la población.
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Declaraciones de Elías Amor
Para el cubano Elías Amor, profesor de economía en la Universidad de Valencia, en España, la aprobación de los tres documentos es un retorno a 1959-60-61 "cuando confiscaron todo, prohibieron las empresas y dejaron a los cubanos sin derecho de propiedad".
El economista dijo que la aprobación de los tres documentos deja ver la gran contradicción ideológica entre el ejército y el partido.
Considera que en esa asamblea extraordinaria se ha demostrado que el sistema esta dividido, y que esas dos fuentes de poder seguirán chocando y no pueden entenderse entre ellos.
Hotel Meliá-Cayo Santa María, del grupo militar de turismo Gaviota.
Por una parte está el conglomerado de poder económico empresarial integrado por el Ejército y la Seguridad del Estado, que se codea y hacen negocios con inversores extranjeros que llegan a la isla, mientras que por la otra está el Partido, que sostiene la posición ideológica comunista de que no exista la propiedad privada, “y eso no puede acabar bien”, sentenció.
Los analistas expresaron también la preocupación por la falta de democracia en la forma en que se llevaron los análisis y la aprobación de los documentos.
El porciento de cubanos que discutieron y aprobaron los documentos en la sesión extraordinaria es de un 18.3136 % de la población adulta. El 81.6864% restante fue ignorado, y esa es la muestra de que dejaron fuera la opinión de 8.5 millones de personas, explicó Quiñones Haces.
"En la asamblea no hubo democracia, y lo peor fue que el resto aprobó el documento porque los obligaron", dijo Amor, quien recordó que en todos los países es normal que haya pluripartidismo y elecciones libres, contrario a lo que sucede en Cuba.
(Redacción Idolidia Darias, con la colaboración de Cuba al Día)