En agosto de 1959, en el Primer Congreso de Maestros Rurales, Fidel Castro trazó el rumbo de lo que sería el sistema educativo cubano en lo adelante.
Con esta afirmación inicia el recién publicado informe del Observatorio de Libertad Académica (OLA) que aborda las transformaciones emprendidas por el régimen para convertir “a los estudiantes en fuerza productiva y a los maestros en adoctrinadores para la formación masiva del ‘hombre nuevo’”.
“El informe tiene un apartado específico para revisar el impacto del manifiesto del Partido Comunista sobre lo concerniente a la formación de maestros en Cuba”, apuntó el investigador Sergio Ángel Baquero, coordinador del proyecto.
La implementación de políticas y disposiciones de nombramiento para aumentar el control político de las universidades quebrantó el derecho a la autonomía institucional a la vez que los centros de estudios superiores participaron, directamente, en la vulneración de los derechos de alumnos y maestros.
El Informe No. 29, además, examina las implicaciones para la autonomía académica del nuevo Código Penal cubano.
Analiza como los delitos de “difamación de las instituciones y organizaciones, y de los héroes y mártires”, y los llamados delitos contra el honor, “difamación”, “calumnia” e “injuria”, no son más que una forma de blindar contra la crítica a los funcionarios públicos y los representantes del Estado y acrecientan las restricciones a la libertad académica, “debido a la parcialidad de las autoridades judiciales en Cuba y la politización de los procesos legales contra estudiantes y académicos críticos”.
En ese sentido, la organización asegura que el Código Penal “es una herramienta que directamente ataca a la libertad de expresión y de algún modo a la de información”, recalca el reporte.
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Comentario del investigador Sergio Angel Baquero
Asimismo, el reporte detalla las condiciones que envuelven los procesos de censura que afectaron a dos docentes en diferentes décadas y provincias de Cuba: Miriam Luisa Leiva Viamonte, expulsada en la década de los 90 del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y “sometida a un proceso inquisitorio por el que se le achacó la pérdida de confiabilidad política”, con las consecuencias laborales y sociales derivadas de la marginación ideológica en Cuba.
También el caso de Iris Mariño García a la que se le suspendió en 2018 su contrato como profesora de Expresión Corporal en la Academia de Arte Vicentina de la Torre de Camagüey cuando comenzó a colaborar con el medio independiente “La Hora de Cuba”.
“Este informe da continuidad a los ya presentados por el Observatorio de Libertad Académica, donde se busca demostrar que la persecución política e ideológica de profesores y estudiantes en Cuba ha sido una política de Estado y ha tenido una continuidad que se evidencia durante el mandato de Miguel Díaz-Canel y en la nueva Constitución cubana”, resaltó Baquero.
Cuba ocupa el lugar 17 dentro de los países con menos libertad académica, donde el más bajo peldaño, el número 1, lo ocupa Corea del Norte, en una lista de 179 países, según el Academic Freedom Index (AFI) actualizado en 2023.