Cuando el padre de Arturo González huyó de Cuba en 1964 sólo pudo llevarse en el avión a Madrid una valija con su ropa y sus gafas. Unos milicianos lo registraron en el aeropuerto y le confiscaron su reloj y un anillo, además de otros objetos de valor.
"Era la humillación total, lo que era de valor se lo quedaba la revolución", cuenta González.
Por entonces, el gobierno comunista de Fidel Castro ya había confiscado todas las propiedades de la familia, entre ellas una granja en la provincia oriental de Las Tunas y varios depósitos en La Habana.
El padre de Arturo González falleció en 1981. Ahora, este profesor de economía de 58 años que abandonó Cuba cuando era un bebé intenta junto con su hermana recuperar los bienes confiscados, o al menos recibir una indemnización.
La suya es una de las 260 familias españolas representadas por el fondo de inversión 1898 Company. La sociedad, fundada en 2001, está tratando de persuadir a otras 400 familias para que se unan al esfuerzo.
Cuba se independizó de España en 1898, después de cuatro siglos de colonización. Pero cuando triunfó la revolución en 1959, los españoles seguían formando el grueso de los terratientes más ricos y la mayoría de los pequeños comerciantes.
"Eran una comunidad próspera. Monopolizaban el sector minorista", explica Consuelo Naranjo Orovio, historiadora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS).
Los denunciantes no tienen ninguna esperanza mientras Cuba siga gobernada por el régimen de Raúl Castro, hermano menor de Fidel, fallecido el 25 de noviembre a los 90 años.
Pero confían en que este gobierno será reemplazado algún día por otro democrático que quiera resolver el problema de las expropiaciones, para así atraer a inversores extranjeros.
Fidel Castro, apartado por enfermedad desde mitad de 2006, cedió oficialmente el poder en 2008 a su hermano Raúl, de 85 años, quien ha anunciado que se retirará en 2018. La gran cuestión está en ver si el régimen comunista será capaz de sobrevivir a su partida o su fallecimiento.
"Cuándo acaba, uno no sabe, pero ha empezado el proceso" de cambio de régimen, cree Jordi Cabarrocas, fundador de la 1898 Company.
"El sistema nuevo que viene después de una dictadura necesita crear un escenario nuevo, en el cual pueda aterrizar la inversión" exterior, explica.
En ese sentido, "devolver bienes confiscados tranquilizará a cualquier persona que invierta en Cuba de que su propriedad será respetada", asegura.
El fondo estudió 40 casos similares en otros países, en particular en Europa del Este, en el último siglo, y el 90% de las veces se pudieron recuperar bienes confiscados, afirma Cabarrocas.
Las familias que contratan los servicios de la sociedad no tienen que pagar ninguna comisión en el momento de firmar. Pero la compañía se queda con el 30% del valor recobrado por cuenta de sus clientes.
De momento les está ayudando a demostrar que poseían propiedades en Cuba, para que estén listos cuando se presente la ocasión de reclamar.
Oficialmente no hay ninguna estimación del valor total de los bienes confiscados a las familias españolas.
Cabarrocas estima por su parte en 2.500 millones de dólares actuales (2.340 millones de euros) el valor de las propiedades de sus clientes.
Según los términos de un acuerdo cerrado en 1986 entre Madrid y La Habana, Cuba pagó 40 millones de dólares por algunos bienes confiscados, un tercio en efectivo y el resto en especie, mediante entregas de tabaco por ejemplo.
Richard Feinberg, un experto de Cuba en la Brookings Institution de Washington, dice que "un acuerdo así por lo general cierra el camino a los demandantes".
"Haría falta una serie extraordinaria de acontecimientos para que los españoles que reclaman bienes consigan más", dijo a la AFP.
Jordi Cabarrocas sostiene por su parte que el acuerdo bilateral no pone fin al diferendo. El Tribunal Supremo español dictaminó además que en virtud del derecho internacional, incluso quienes fueron parcialmente compensados en 1986 no habían renunciado a una mayor indemnización más adelante, añade la 1898 Company.
Muchos demandantes dicen que su principal motivación es que se haga justicia a sus familias, y no tanto sacar un beneficio financiero, ya que los activos confiscados están ahora en mal estado u ocupados por otros.
José Manuel Presol, de 63 años, que reclama el apartamento de La Habana donde creció hasta que su familia fue expulsada cuando él tenía 15, dice que no tiene interés alguno en expulsar a quienes vivan allí ahora.
"Les voy a decir: 'mira, nada más pido una cosa, lo tengo claro. Que de vez en cuando me dejes venir a coger el fresco en la terraza para acordarme de cuando era niño. Es lo único que pido. La casa es vuestra'", dice con lágrimas en los ojos.