Freedom House y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunciaron este lunes la arremetida de las autoridades policiales cubanas contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes en la isla.
Carlos Ponce, director de programas para América Latina de Freedom House, dijo en un comunicado que "la falta de una orden judicial y la detención del director de la organización de abogados, Dianelys Rodríguez Morejón, demuestran desconocimiento absoluto por los derechos humanos fundamentales".
Con una plantilla de seis abogados, la Consejería Jurídica de Abogados Independientes de la Corriente Agramontista ofrece asesoría jurídica, talleres sobre derechos humanos y presentar los casos ante los organismos internacionales. El grupo trabaja en estrecha colaboración con la ICLEP.
Freedom House recordó que Cuba tiene una clasificación de No Libertad de Prensa y No Libertad de Internet acorde con listas de la organización correspondientes a 2016 y 2015, respectivamente.
Allanamientos y amenazas contra la prensa independiente
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) instó a las organizaciones, instituciones, personas de buena voluntad y gobiernos democráticos del mundo a que levanten sus voces a favor de la prensa alternativa dentro de Cuba.
En una nota de prensa, el instituto denunció los allanamientos, despojo de materiales de producción periodística y violencia de los que son víctimas los miembros de la organización en Cuba.
En menos de un mes, nueve periodistas independientes han recibido diferentes tipos de represión, que van desde las acostumbradas amenazas de cárcel, hasta la violencia física, señaló el ICLEP.
Este lunes, el medio de comunicación independiente “Panorama Pinareño” se encuentraba completamente paralizado, al ser incautados por la policía política todos sus equipos y materiales de producción periodística.
El ICLEP denunció que "oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria y la Policía Política, comandados por el jefe de Enfrentamiento de la Contra Inteligencia de Pinar del Río, Teniente Coronel Jesús Ramón Morel Beune, allanaron el viernes 21 de octubre, de forma simultánea, cuatro domicilios de periodistas y colaboradores del ICLEP y los despojaron de sus medios de trabajo".
“Entre los hogares invadidos por la policía política se encuentra el de la sede del medio de comunicación “Panorama Pinareño”, donde reside su directora, Dianelys Rodríguez Morejón, a quien el policía político Beune y otros dos la tomaron de forma violenta por los brazos, la arrastraron hasta el centro de la sala y le taparon la boca porque la periodista se negaba a que le allanaran su vivienda, por no contar la policía con una orden de registro aprobada por un fiscal", indica la nota de prensa.
El ICLEP indicó que, posterior al allanamiento, la Rodríguez fue conducida a la unidad policial, donde le levantaron acta de advertencia y la amenazaron con encarcelarla de continuar su trabajo como periodista.
SEgún Rodríguez, el teniente coronel Beune le aseguró que tiene órdenes de desaparecer al ICLEP. La periodista permaneció bajo arresto durante más de 5 horas.
El ICLEP denunció que el hijo de 2 años de edad de la periodista presenció el maltrato policial de que fue objeto su madre, y no dejaba de llorar.
"Dianelys y su pequeño hijo se encuentran en estos momentos muy alterados de los nervios. La periodista tiene varios moretones y arañazos en los brazos y mucho dolor en la columna cervical", subraya la nota.
Eleditor de “Panorama Pinareño”, Ricardo Fernández Izaguirre, fue citado a la oficina técnica de Pinar del Río, donde lo amenazaron de prisión y también le aseguraron que el ICLEP desaparecería.
También, el viernes 21, tres oficiales de la policía política detuvieron y trasladaron a la unidad provincial de la policía al Director Ejecutivo del ICLEP, Raúl Velázquez, quien se encontraba en Pinar del Río investigando la represión policial contra el medio de comunicación “Panorama Pinareño” y sus periodistas.
A Velázquez lo despojaron de su teléfono celular y le realizaron una advertencia oficial amenazándolo de que sería instruido penalmente por el supuesto delito de desacato si visitaba nuevamente Pinar del Río.
En otro acto de represión, el 29 de septiembre, la policía política citó y amenazó con encarcelar al Director Jurídico del ICLEP, Raúl L. Risco Pérez y a la periodista Claudia Cristina Ortega.
Asimismo, el 30 de septiembre en Santiago de Cuba, el director del medio de comunicación “Voz Santiaguera”, Leovanis Correa Moroso, fue detenido, esposado y golpeado en el rostro por el oficial de la policía política que se hace llamar Ferro.
El periodista estuvo arrestado durante tres días y fue amenazado con que lo pondrían en prisión de continuar su labor periodística. También el policía Ferro, amenazó a la señora madre del periodista con decomisar la vivienda donde reside, si su hijo continuaba laborando como periodista ciudadano.
Del mismo modo, pero esta vez en Jatibonico, municipio de Sancti Spíritus, el 13 de octubre, la policía política citó al director del medio de comunicación “El Espirituano”, Osmany Borroto Rodríguez, lo acusó de distribuir el boletín en las calles de Jatibonico y lo amenazó con encarcelarlo.
También el 13 de octubre, pero en La Habana, la policía política detuvo a la periodista Ada María López, y la trasladó para una unidad policial porque se encontraba distribuyendo el boletín del medio de comunicación “Amanecer Habanero”. A López le fueron decomisados unos 50 ejemplares del boletín.
Otro caso de detención arbitraria contra los comunicadores del ICLEP, ocurrió el 14 de octubre contra el periodista del medio de comunicación “El Majadero de Artemisa”, Yosdanys Blanco Hernández. El periodista fue detenido en un mercado por agentes de la Policía Nacional Revolucionara y conducido a la unidad policial de Artemisa donde lo mantuvieron bajo arresto por 24 horas. Según los policías arrestaron al periodista porque se encuentra “circulado” por las autoridades policiales.
La cruda y brutal represión que sufren los medios de comunicación del ICLEP y sus periodistas se debe al creciente impacto positivo que tienen sus boletines dentro de la población y el miedo que tienen las autoridades de perder el control de las comunidades donde se trabaja: Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Sancti Spíritus, Camagüey y Santiago de Cuba”, concluye la nota del ICLEP.