¿No debe el gobierno de España anular todos los acuerdos realizados con el gobierno cubano ante la nueva declaración de Ángel Carromero?
El gobierno español, al igual que todos los gobiernos democráticos del mundo, es un gobierno sujeto al derecho internacional y al cuerpo legal vigente en el país.
La entrevista ofrecida por Ángel Carromero al periódico El Mundo presenta una lógica versión de los hechos, pero es una declaración paralela, fuera de cualquier proceso jurídico y sin condiciones que fuercen a un tribunal a asumirlas por verdaderas o pruebas irrefutables de la verdad.
También es la cuarta versión de los hechos que realiza Ángel Carromero ante un foro público, ya sea un tribunal o un medio de prensa. El cambio en sus argumentos es justificable partiendo de las presiones y chantajes a que estuviera sometido por las autoridades cubanas durante el proceso investigativo, pero son cambios de posiciones que no se pueden asumir legalmente.
Un principio internacional del derecho establece que una persona nunca puede acusarse a sí misma, ni puede ir contra sus propios actos.
El sistema represivo cubano llevó a Carromero a reconocer su culpa en el juicio y a reafirmar su aparente responsabilidad ante funcionarios consulares españoles y ante medios de prensa internacional.
Los órganos de la seguridad del estado cubano obligaron a Carromero a firmar la sentencia en que se le declaraba culpable y a aceptar los acuerdos diplomáticos que permitían que cumpliera su sentencia en España.
Actualmente, inclusive, Carromero disfruta de una especie de licencia extrapenal que le permite cumplir su sentencia en su casa, pero con un sistema de control electrónico en uno de sus tobillos. Por lo que sigue teniéndosele como un reo responsable de la muerte de dos personas en un accidente de tráfico.
Por todo esto los nuevos elementos declarados por Carromero necesitan ser avalados de cualquier otra forma, además de su dicho, para que puedan ser tenidos en cuenta por la justicia española.
Hasta ese momento el gobierno español seguirá respetando sus acuerdos con Cuba y dando por ciertos los puntos que bajo presión reconociera el acusado en Cuba. Hasta el día de hoy el gobierno español siempre centró su actuación en mantener un bajo perfil para garantizar la salida de Cuba del político español, una actitud que según ellos, siempre fue consultada y coordinada con el propio Ángel Carromero.
El gobierno español, al igual que todos los gobiernos democráticos del mundo, es un gobierno sujeto al derecho internacional y al cuerpo legal vigente en el país.
La entrevista ofrecida por Ángel Carromero al periódico El Mundo presenta una lógica versión de los hechos, pero es una declaración paralela, fuera de cualquier proceso jurídico y sin condiciones que fuercen a un tribunal a asumirlas por verdaderas o pruebas irrefutables de la verdad.
También es la cuarta versión de los hechos que realiza Ángel Carromero ante un foro público, ya sea un tribunal o un medio de prensa. El cambio en sus argumentos es justificable partiendo de las presiones y chantajes a que estuviera sometido por las autoridades cubanas durante el proceso investigativo, pero son cambios de posiciones que no se pueden asumir legalmente.
Un principio internacional del derecho establece que una persona nunca puede acusarse a sí misma, ni puede ir contra sus propios actos.
El sistema represivo cubano llevó a Carromero a reconocer su culpa en el juicio y a reafirmar su aparente responsabilidad ante funcionarios consulares españoles y ante medios de prensa internacional.
Los órganos de la seguridad del estado cubano obligaron a Carromero a firmar la sentencia en que se le declaraba culpable y a aceptar los acuerdos diplomáticos que permitían que cumpliera su sentencia en España.
Actualmente, inclusive, Carromero disfruta de una especie de licencia extrapenal que le permite cumplir su sentencia en su casa, pero con un sistema de control electrónico en uno de sus tobillos. Por lo que sigue teniéndosele como un reo responsable de la muerte de dos personas en un accidente de tráfico.
Por todo esto los nuevos elementos declarados por Carromero necesitan ser avalados de cualquier otra forma, además de su dicho, para que puedan ser tenidos en cuenta por la justicia española.
Hasta ese momento el gobierno español seguirá respetando sus acuerdos con Cuba y dando por ciertos los puntos que bajo presión reconociera el acusado en Cuba. Hasta el día de hoy el gobierno español siempre centró su actuación en mantener un bajo perfil para garantizar la salida de Cuba del político español, una actitud que según ellos, siempre fue consultada y coordinada con el propio Ángel Carromero.