¿Por qué la nueva norma de policías jueces es vista como una violación del procedimiento legal?
El nuevo decreto ley transforma lo que siempre fue una violación procesal histórica convirtiéndola en una norma de derecho con fuerza legal, transformando una arbitrariedad en ley.
Se trata de la institucionalización de la condición de “juez y parte” a la vez, una de las violaciones clásicas del derecho a nivel mundial, algo que se evita hasta en los sistemas más dictatoriales del mundo.
Un policía iletrado decide el futuro jurídico de un ciudadano sin la participación de los profesionales de la justicia.
El único abogado que conoce de este absurdo procedimiento es el fiscal y no participa, solo da su visto bueno una vez consumado el procedimiento.
No hay jueces, ni abogado defensor, ni ningún representante de los derechos del acusado.
Tampoco hay una segunda instancia donde apelar o revisar el proceder de este agente policial, lo que viola el principio legal de las dos instancias para cada proceso jurídico.
El código penal recoge cuáles son los hechos que se contemplan como delitos y la ley de procedimiento penal establece la forma legal en que se puede proceder a encausar, juzgar y sancionar a una persona.
En ambos cuerpos legales se establece el aparente principio del derecho penal socialista que considera inocente a todo acusado hasta tanto se demuestre su culpabilidad en un proceso judicial.
Las leyes penales cubanas inclusive establecen que la inocencia del acusado se presume aun cuando el propio implicado se declare culpable o reconozca ser el autor de un delito.
De modo que cada hecho debe ser probado independientemente a que el acusado se declare culpable o no.
Sin embargo, en plena contradicción con estos planteamientos y en franca violación de la legalidad socialista, el estado cubano establece este decreto 310 que permite al policía prescindir de las garantías procesales y sancionar al detenido si este reconoce su participación en los hechos.
La historia del derecho penal cubano en los últimos 54 años ha estado llena de modificaciones y simplificaciones en detrimento de las garantías procesales. Así desaparecieron los tribunales de cuenta, el juez de instrucción y muchas otras instituciones que velaban por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.
Hasta este momento la reforma legal cubana perseguía crear una fiscalía como institución omnipresente y poderosa, siendo los fiscales los profesionales del derecho con más peso y ventajas en el proceso judicial.
Pero esta nueva norma le da rango de profesionales del derecho a los policías, otorgándole potestad sobre el futuro legal de los acusados, aun superiores a las de los fiscales. Reconociendo capacidades de jueces a persona que ni siquiera han estudiado leyes o que tengan el menor conocimiento de la ley procesal cubana.
El nuevo decreto ley transforma lo que siempre fue una violación procesal histórica convirtiéndola en una norma de derecho con fuerza legal, transformando una arbitrariedad en ley.
Se trata de la institucionalización de la condición de “juez y parte” a la vez, una de las violaciones clásicas del derecho a nivel mundial, algo que se evita hasta en los sistemas más dictatoriales del mundo.
Un policía iletrado decide el futuro jurídico de un ciudadano sin la participación de los profesionales de la justicia.
El único abogado que conoce de este absurdo procedimiento es el fiscal y no participa, solo da su visto bueno una vez consumado el procedimiento.
No hay jueces, ni abogado defensor, ni ningún representante de los derechos del acusado.
Tampoco hay una segunda instancia donde apelar o revisar el proceder de este agente policial, lo que viola el principio legal de las dos instancias para cada proceso jurídico.
El código penal recoge cuáles son los hechos que se contemplan como delitos y la ley de procedimiento penal establece la forma legal en que se puede proceder a encausar, juzgar y sancionar a una persona.
En ambos cuerpos legales se establece el aparente principio del derecho penal socialista que considera inocente a todo acusado hasta tanto se demuestre su culpabilidad en un proceso judicial.
Las leyes penales cubanas inclusive establecen que la inocencia del acusado se presume aun cuando el propio implicado se declare culpable o reconozca ser el autor de un delito.
De modo que cada hecho debe ser probado independientemente a que el acusado se declare culpable o no.
Sin embargo, en plena contradicción con estos planteamientos y en franca violación de la legalidad socialista, el estado cubano establece este decreto 310 que permite al policía prescindir de las garantías procesales y sancionar al detenido si este reconoce su participación en los hechos.
La historia del derecho penal cubano en los últimos 54 años ha estado llena de modificaciones y simplificaciones en detrimento de las garantías procesales. Así desaparecieron los tribunales de cuenta, el juez de instrucción y muchas otras instituciones que velaban por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.
Hasta este momento la reforma legal cubana perseguía crear una fiscalía como institución omnipresente y poderosa, siendo los fiscales los profesionales del derecho con más peso y ventajas en el proceso judicial.
Pero esta nueva norma le da rango de profesionales del derecho a los policías, otorgándole potestad sobre el futuro legal de los acusados, aun superiores a las de los fiscales. Reconociendo capacidades de jueces a persona que ni siquiera han estudiado leyes o que tengan el menor conocimiento de la ley procesal cubana.