El Gobierno cubano prohibió el comercio mayorista a los negocios privados y los obligó a liquidar toda la mercancía en inventario en los próximos cuatro meses, según una resolución publicada esta semana la Gaceta Oficial.
La nueva norma ordena la cancelación de todas las licencias comerciales otorgadas tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) como a las cooperativas no agropecuarias (CNA) y trabajadores por cuenta propia (TCP) con autorización para ejercer el comercio mayorista.
La ley establece además que los negocios deberán liquidar la mercancía destinada al comercio mayorista en un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles, a partir de la entrada en vigor de la resolución.
"Llueve sobre mojado. Ya en Cuba se había prohibido desde agosto el comercio mayorista exclusivamente privado. La Resolución 56 detalla ahora su implementación bajo el ardid del ordenamiento, pero es una estocada a las relaciones de mercado y discrimina la actividad privada", apuntó en un hilo en a red social X el economista Pedro Monreal.
El experto considera que esta resolución "convierte los actores no estatales, que tienen liquidez y flexibilidad y que hoy realizan la mayor parte del comercio minorista, en una gran masa de clientes cautivos de las empresas mayoristas estatales", la mayoría "sin divisas e ineficientes".
Lee también Qué dicen las nuevas normas para importar y exportar productos a CubaCuba atraviesa su peor crisis económica en décadas marcada por la inflación, falta de liquidez y la escasez de productos de primera necesidad. El Gobierno, que impulsó inicialmente el desarrollo de negocios privados, ha desarrollado una ofrensiva en su contra en el último año, según especialistas consultados por Martí Noticias.
"Parecería que la burocracia considera factible matar varios pájaros de un tiro: aprovechar divisas privadas para re-monopolizar la oferta mayorista y reducir competidores para que las empresas estatales mayoristas aumenten poder de mercado y rentabilidad", dijo Monreal y aclaró que la nueva ley parece "intentarse oxigenar el sector mayorista estatal, asfixiando el sector privado".
Para el abogado Eloy Viera la decisión "implica una estocada al sistema de oferta y demanda —que considera costos reales, riesgos y el estado real del mercado— que había impulsado el desarrollo de varias Mipymes privadas que importaban productos y suministraban al por mayor a pequeños negocios y TCP".
"La normativa es clara al señalar en su tercer apartado que las Mipymes y CNA que tengan autorizado el comercio mayorista como actividad principal solo podrán hacerlo directamente a entidades estatales o a través de las comercializadoras mayoristas estatales", explicó el abogado en un artículo publicado este viernes en elTOQUE Jurídico.