Un operativo de los inspectores de la Oficina Nacional Tributaria y la policía contra discapacitados en el boulevard de San Rafael, en Centro Habana, el pasado sábado 21 de enero, culminó con una decena de arrestos y la acusación por el “delito de atentado y resistencia” a los que se opusieron al allanamiento y confiscación de las pertenencias.
El argumento que usaron las autoridades para el operativo contra los vendedores fue que "realizan una actividad económica ilícita, porque venden los espejuelos sin los permisos que exige el gobierno para buscarse su dinerito”, confirmaron dos reporteros independientes a Martí Noticias.
La policía arremetió contra los vendedores ambulantes, muchos de ellos en sillas de ruedas, mientras la multitud lanzaba improperios contra los agentes, llamándolos "asesinos" y "batistianos".
La policía arremetió contra los discapacitados, muchos de ellos en sillas de ruedas.
Serafín Morán, quien grabó un video de la redada el pasado sábado, dijo que los impedidos físicos estaban haciendo las ventas de espejuelos “y de pronto llegó un operativo bastante grande, los golpearon, los detuvieron", y a una decena de ellos que se opusieron al atropello "los acusaron de atentado y resistencia a pesar de ser ellos los agredidos" por las autoridades.
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Declaraciones de Serafín Morán
A juicio del periodista independiente Mario Hechavarría, la acción del pasado sábado 21 es "una más" de tantas que han ocurrido en lo que va de año contra vendedores ambulantes y cuentapropistas.
"He observado que contantemente a los taxistas de carros viejos, a los carretilleros, a los vendedores de productos del agromercado los revisan, les piden documentos, los multan", señaló.
El reportero dijo que ha sido testigo de que a las personas que transitan por las calles de su barrio, en Centro Habana, "con jabas y bultos sospechosos, la policía los detiene y se los lleva para la unidad".
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Declaraciones de Mario Hechavarría
Aunque medios oficiales cubanos aseguran que el trabajo por cuenta propia en Cuba creció notablemente, con el registro de 518.479 personas hasta agosto del 2016, ambos reporteros coinciden en que es el gobierno el que no permite la apertura de más licencias para los interesados en abrir sus negocios.
En el último trimestre del 2016, tanto vendedores legales como furtivos fueron sometidos por igual a redadas, detenciones, allanamientos, confiscación de artículos, multas, y acusaciones, denunciaron activistas y ciudadanos en la isla.