El gobierno de Raúl Castro emitió este miércoles una declaración en la que rechaza enérgicamente la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, a la que califica de golpe de Estado parlamentario-judicial. Según la nota de la cancillería cubana, la separación se produjo "sin que se presentara ninguna evidencia de delitos de corrupción ni crímenes de responsabilidad".
Agrega la nota, que "lo ocurrido en Brasil es otra expresión de la ofensiva del imperialismo y la oligarquía contra los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe".
Por su parte, Venezuela retiró su embajador y congeló las relaciones con Brasil.
Venezuela "ha decidido retirar definitivamente a su Embajador en la República Federativa de Brasil, y congelar las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno surgido de este golpe parlamentario", dijo la cancillería en un comunicado.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó lo que considera un "golpe parlamentario" en Brasil, y convocó a su embajador en Brasilia, José Antonio Kinn.
"Condenamos el golpe parlamentario contra la democracia brasileña. Acompañamos a Dilma, Lula y su pueblo en esta hora difícil", dijo Morales en su cuenta de Twitter @evoespueblo.
En otro tuit, anunció la convocatoria al embajador boliviano en Brasil "para asumir las medidas que en este momento se aconsejan".
También el gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa, condenó la destitución de Rousseff y llamó a consultas al embajador de Brasil.
En un comunicado, el gobierno ecuatoriano rechazó lo que calificó como "la flagrante subversión del orden democrático en Brasil, que considera un golpe de Estado solapado. Políticos adversarios y otras fuerzas de oposición se confabularon contra la democracia para desestabilizar al Gobierno y remover de su cargo de forma ilegítima a la Presidenta Dilma Rousseff".
Rousseff apelá la decisión ante la Corte Suprema
Entretanto, el abogado de Rousseff, el ex fiscal general José Eduardo Cardozo, dijo a la prensa que la destituida presidenta apelará ante la Corte Suprema el juicio político que la sacó del cargo por incumplir leyes presupuestarias.
Rousseff emitió tres decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso. Además, el Gobierno tomó créditos de la banca pública, lo que está prohibido por la ley.
Aunque Rousseff fue destituida, no perdió sus derechos políticos. Esto significa que sí podrá ocupar un cargo público en los próximos años, lo que incluye puestos electivos y trabajo en empresas públicas.