Ángel Carromero reitera que su juicio en Cuba por la muerte de los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero fue una farsa y que en la isla, como en toda dictadura, los asesinatos de Estado son práctica común.
“Cuba es una dictadura comunista en la que no existe Estado de Derecho” y “entre otras muchas tropelías, el Poder Judicial depende del Consejo de Estado, presidido por el hermano Castro de turno”, dice este lunes Ángel Carromero en una nota que publica el diario español El Mundo.
La nota responde a un comentario aparecido el viernes pasado en el mismo periódico y firmado por Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense.
Carromero dice haber leído con asombro el comentario en el que se asume que él fue sometido en Cuba a un juicio justo con todas las garantías procesales, que se suscribió un convenio entre dos países con Estado de Derecho y que se trató de un simple accidente de tráfico en el que perdieron la vida los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero.
“Nada más lejos de la realidad (…) Fui retenido, incomunicado, obligado a grabar un video propio de secuestrados de Al Qaeda. De hecho, no tuve acceso a un abogado hasta 20 días después de ser injustamente encarcelado”, señala.
Carromero, quien ha dicho que fueron los servicios secretos cubanos los que mataron a Payá, recuerda a Gimbernat que “en las dictaduras los asesinatos de Estado son una práctica común. La familia de Oswaldo lo sabe”.
Además le aclara que los encuentros que tuvo durante su encarcelamiento con el cónsul general de España en la isla “nunca fueron a solas. Siempre estaba presente un teniente-coronel de la Seguridad del Estado que supervisaba lo que decíamos”.
También señala que lo mismo sucedía con la poca comunicación que le permitieron tener con su madre y un amigo. “El teléfono estaba pinchado—dice—y no sólo tenía al mismo teniente-coronel vigilando lo que hablaba, sino que también era grabado con una cámara mientras estaba al teléfono”.
Luego pone de manifiesto que “cuando el Estado cubano te señala, ya sabes que estás condenado. Por ello, no tiene lógica recurrir ninguna sentencia. Ellos son juez y parte. No hay posibilidad alguna de contradicción”.
Carromero precisa que en cuanto al traslado a España para que cumpliese allí el resto de la condena que le impuso un tribunal cubano por “homicidio imprudente”, tanto el gobierno español como él aceptaron entonces el fallo como la única forma que había para que pudiese regresar a su país y “pudiera hacerse justicia”.
Puntualiza que entonces se suscribió un memorando complementario al Convenio de Traslado en el que quedó claro que la parte española asumía “el compromiso de comunicar a la parte cubana la concesión de indulto”, un beneficio que desde el principio estaba previsto, por lo que no corre riesgo, dice, la palabra dada por España.
La nota responde a un comentario aparecido el viernes pasado en el mismo periódico y firmado por Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense.
Carromero dice haber leído con asombro el comentario en el que se asume que él fue sometido en Cuba a un juicio justo con todas las garantías procesales, que se suscribió un convenio entre dos países con Estado de Derecho y que se trató de un simple accidente de tráfico en el que perdieron la vida los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero.
“Nada más lejos de la realidad (…) Fui retenido, incomunicado, obligado a grabar un video propio de secuestrados de Al Qaeda. De hecho, no tuve acceso a un abogado hasta 20 días después de ser injustamente encarcelado”, señala.
Carromero, quien ha dicho que fueron los servicios secretos cubanos los que mataron a Payá, recuerda a Gimbernat que “en las dictaduras los asesinatos de Estado son una práctica común. La familia de Oswaldo lo sabe”.
Además le aclara que los encuentros que tuvo durante su encarcelamiento con el cónsul general de España en la isla “nunca fueron a solas. Siempre estaba presente un teniente-coronel de la Seguridad del Estado que supervisaba lo que decíamos”.
También señala que lo mismo sucedía con la poca comunicación que le permitieron tener con su madre y un amigo. “El teléfono estaba pinchado—dice—y no sólo tenía al mismo teniente-coronel vigilando lo que hablaba, sino que también era grabado con una cámara mientras estaba al teléfono”.
Luego pone de manifiesto que “cuando el Estado cubano te señala, ya sabes que estás condenado. Por ello, no tiene lógica recurrir ninguna sentencia. Ellos son juez y parte. No hay posibilidad alguna de contradicción”.
Carromero precisa que en cuanto al traslado a España para que cumpliese allí el resto de la condena que le impuso un tribunal cubano por “homicidio imprudente”, tanto el gobierno español como él aceptaron entonces el fallo como la única forma que había para que pudiese regresar a su país y “pudiera hacerse justicia”.
Puntualiza que entonces se suscribió un memorando complementario al Convenio de Traslado en el que quedó claro que la parte española asumía “el compromiso de comunicar a la parte cubana la concesión de indulto”, un beneficio que desde el principio estaba previsto, por lo que no corre riesgo, dice, la palabra dada por España.
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