Un grupo de 40 mujeres solicitó este jueves a las autoridades cubanas la elaboración de una Ley Integral contra la Violencia de Género en cuyo proceso participaría directamente la ciudadanía con la guía de un grupo asesor.
Las firmantes presentaron el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional del Poper Polular, y pidieron que el mismo se concrete en tres etapas:
- incluir su elaboración en el cronograma legislativo de la Asamblea
- constituir un grupo asesor para acompañar su redacción
- recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de creación del decreto
Todo el que desee sumarse a la solicitud puede hacerlo "enviando su nombre completo al correo electrónico cubaleyviolenciadegenero@gmail.com", dijeron las firmantes en un comunicado, que prometen actualizar la lista de personas que apoyan la iniciativa en esta plataforma YoSíTeCreo En Cuba.
La ley propuesta daría cumplimiento al artículo 43 de la nueva Constitución aprobada en referendo popular, que señala el deber de Estado de proteger a las mujeres de "la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios" y crear "los mecanismos institucionales y legales para ello".
Las firmantes denuncian en su escrito que el Código Penal cubano "no reconoce a la violencia de género como un crimen específico y tampoco a los femicidios" y que "la concepción predominante en las normas y enfoques institucionales es la de violencia doméstica o intrafamiliar".
El proyecto cita una encuesta sobre igualdad de género realizada en Cuba en 2016, que verificó que "la violencia de género al interior de las relaciones de parejas es un problema relevante a escala nacional y que, como tendencia, las víctimas no buscan justicia o ayuda institucional".
Según el sondeo, 26,6 % de las mujeres aseguraron haber sufrido violencia en sus relaciones de pareja en los 12 meses previos y el 39,6 % en algún otro momento de su vida. Solo el 3,7 % afirmó haber buscado ayuda.
"Las mujeres víctimas de violencia carecen de redes de apoyo eficientes e información que les facilite buscar asistencia y, además, que las instituciones existentes pueden no considerarse seguras, confiables o viables", concluyen las firmantes, que solicitan la ley "ampare, regule y estimule el diseño de políticas públicas en ese sentido".