Medios oficiales cubanos dieron a conocer este domingo la cifra de nacionales que viajaron a otros países durante el 2016, pero mantienen silencio acerca de los que recibieron una negativa de salida.
El reporte oficial indica que un total de 723.844 cubanos viajaron a
otros países durante el año 2016, una cifra que duplicó el número de salidas al extranjero de los residentes en la isla desde la entrada en vigor de una reforma migratoria implementada por el gobierno a partir de 2014.
Pero las estadísticas no incluyen los casos de cubanos que no pudieron salir del país porque les presentaron una negativa de viaje en el aeropuerto a pesar de tener sus documentos en regla, o fueron interceptados y retenidos en estaciones policiales a fin de que perdieran sus vuelos.
Martí Noticias tuvo contacto en 2016 con varios ciudadanos en la isla que enfrentaron ese tipo de arbitrariedad a la hora de salir del país, entre ellos activistas de derechos humanos y periodistas independientes que habían sido invitados a participar en eventos coordinados por organizaciones y gobiernos extranjeros.
En septiembre pasado, el periodista independiente Arturo Rojas y la Dama de Blanco Ada María López Canino, invitados para participar como observadores en el plebiscito sobre el histórico acuerdo de Paz en Colombia, no pudieron abordar el avión.
Rojas fue detenido horas antes de ir para el aeropuerto y trasladado a un Centro de Detención, mientras que a López Canino le mantuvieron un operativo policial en la puerta de su casa y no le permitieron salir a la calle por varias horas, hasta que perdió el vuelo para el que tenía reserva.
Los opositores no habían cometido delitos ni tenían limitaciones para salir del país según establecen las leyes actuales en Cuba.
En junio de ese mismo año, otro grupo de ocho activistas cubanos enfrentó similar regulación. Todos estaban invitados a participar en un curso de derechos humanos en Bogotá, y ninguno pudo viajar.
Cuatro de ellos fueron detenidos antes de llegar al Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. La policía mantuvo rodeada la casa de otros tres, y no les permitieron salir, mientras que a otro opositor, residente en Holguín, no le permitieron salir de su provincia para viajar a la capital. Todos perdieron el vuelo previsto.
Se presume que el grupo poblacional más afectado por este tipo de probibición de viaje fue el de opositores y los miembros de la sociedad civil independiente, que llevan adelante proyectos al margen de la línea oficialista.
Tendencia al alza en cifra de prohibiciones en 2017
El informe de la ONEI aún no revela la cantidad de cubanos que han podido viajar libremente en el primer semestre de este 2017, tampoco la de aquellos que enfrentaron prohibiciones, pero numerosos reportes de ciudadanos a Martí Noticias entre enero y junio de este año permiten señalar que esta última cifra tiende al alza.
En algunos casos las autoridades procediron con detenciones antes de llegar al aeropuerto, y en otros les anunciaron la prohibición en las oficinas de migración del aeropuerto, antes de abordar el avión.
Preguntados sobre las razones para establecer la prohibición de viaje, los oficiales a cargo solo explican que sobre los activistas pesa una “regulación” que les impide salir “por ahora”.
Los oficiales alegan que solo tienen acceso a esa información que ofrecen las computadoras.
Entre los casos más recientes figuran los de la bloguera y activista Lía Villares, la profesora Joanna Columbié y varios coordinadores de la iniciativa #Otro18 que participarían en un evento en Cancún, México, y no pudieron asistir por ese tipo de prohibición entre los que figuran Juan Madrazo Luna, Fernando Palacio, Kirenia Yalit Núñez, Aimée Cabrera y Marthadela Tamayo.
También han denunciado estas limitaciones los promotores de Cuba Decide Félix Yunier Llerena y Sayli Navarro, a los que no les dejaron participar en eventos coordinados por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.
A mediados de julio, las autoridades impidieron la salida del país a los periodistas independientes Víctor Manuel Domínguez y Yusimí Rodríguez, y a los miembros del Comité Ciudadano por la Integración Racial Jorge Amado Robert y Fernando Palacios, quienes participarían en un intercambio en Cali, Colombia, sobre el racismo en ambos países.
Multas e investigaciones policiales, recursos para mantener el control de los disidentes
A pesar de haber recibido invitaciones a participar en eventos en Europa, Estados Unidos y México, la Damas de Blanco Berta Soler no ha podido salir del país en lo que va de 2017.
En su caso, un agente aduanero le explicó en marzo pasado que la negativa se debe a "impago de multas", un tipo de sanción que el gobierno usa con frecuencia contra las integrantes de ese grupo opositor que salen a protestar a las calles.
Soler y varias mujeres del grupo se han negado a pagar esas multas porque, alegan, son "arbitrarias e injustas".
La Unión Patriótica de Cuba ha denunciado acciones similares contra el activista Carlos Amel Oliva, al que también le prohíben salir del país por impago de multas.
Otro de los pretextos que usa el régimen contra miembros de la sociedad civil para prohibirles viajar es presentarles acusaciones y someterlos a procesos de investigación policial.
En el primer trimestre de este este año, los periodistas independientes Henry Constantín y Sol García Basulto, así como el líder de Somos+, Eliécer Ávila, fueron sometidos a un proceso de investigación policial que les impide viajar fuera del país.
La reforma migratoria de 2013, aprobada por el Gobierno de Raúl Castro, puso fin a una restrictiva política de décadas que obligaba a los cubanos a solicitar un permiso especial para viajar al exterior, lo que implicaba complicados y costosos trámites. No obstante, el gobierno se reserva el derecho de impedir viajar a los cubanos que se oponen al régimen.
(Redacción Idolidia Darias, con información de EFE, ONEI y archivo Martí Noticias)