El Gobierno de Nicaragua canceló este jueves las personalidades jurídicas de otras 100 ONGs, con lo que suman 3.126 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares de abril de 2018.
La ilegalización de esas 100 Organizaciones No Gubernamentales, 86 nicaragüenses y 14 extranjeras, fue aprobada por la titular de Gobernación de ese país, María Amelia Coronel.
Supuestamente, las 86 ONGs nicaragüenses están en abandono o incumplieron sus obligaciones, entre ellas que no reportaron por períodos de entre 2 y 24 años sus juntas directivas y estados financieros, así como información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes.
A través de una declaración pública, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en San José, dijo que fue una cancelación arbitraria.
Según ese organismo humanitario, el propósito del Gobierno de Daniel Ortega "es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad, perseguir a quienes opinan diferente, y establecer un pensamiento único violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense".
"Continúan atentando contra la libertad y el derecho de asociación de la población nicaragüense. Expresamos nuestra solidaridad con las personas víctimas y beneficiarias de las organizaciones canceladas. Exigimos el cese de la represión", añadió ese Colectivo.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las más de 6.000 registradas estaban operando.