Más de cinco mil médicos cubanos radicados en el extranjero tienen prohibido visitar a sus hijos en la isla, según recoge la ampliación de una denuncia por semi-esclavitud, presentada ante la Corte Penal Internacional.
La demanda contra la explotación de las brigadas médicas cubanas en el exterior califica la situación de "drama de dimensiones terribles".
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Reportaje de Michel Suárez
"Estos padres no ven a sus hijos porque el gobierno cubano se lo impide. Esto es un crimen que además afecta gravemente a los derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y puede ser clasificado en el Estatuto de Roma como un crimen contra la humanidad de persecución", afirmó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, en un evento celebrado en Madrid.
En su intervención, Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, pidió a la Unión Europea "hacer frente" a estos hechos y recordó que las violaciones de derechos humanos constituyen una línea roja en el Acuerdo Político entre Bruselas y La Habana.
"Ya es hora de que la gente en Europa sepa la verdad sobre las condiciones de vida y de trabajo de estos héroes médicos, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud", exigió Charanzova.
Por su parte, el eurodiputado liberal Javier Nart denunció la participación de país democráticos en dichas violaciones.
"Es rigurosamente obsceno que países receptores y financiadores, que conocen lo que pasa, como la muy democrática Noruega, y miembros de la UE, como Luxemburgo y Portugal, actúen por delegación y financien esta explotación, en beneficio del régimen cubano", lamentó Nart.
El eurodiputado dijo no saber si "indignarse o reírse, o las dos cosas a la vez", ante la propuesta de "revolucionarios de charanga y pandereta" de entregar el Premio Nobel de la Paz a las misiones cubanas.
Lee también Caso en Corte Penal Internacional sobre médicos cubanos suma cientos de testimoniosLa demanda de Cuban Prisoners Defenders ante la Corte Penal Internacional incluye 622 testimonios de médicos afectados por las normas de semi-esclavitud implantadas por el régimen cubano.
La organización asegura que La Habana ingresó en 2018 más de 8.500 millones de dólares por este concepto, pero los trabajadores solo recibieron apenas un 15%.