Decenas de intelectuales cubanos, en su mayoría ciudadanos españoles nacidos en Cuba, han pedido al Gobierno de España que llame a la dictadura cubana por su nombre, en una carta redactada por los escritores Jorge Ferrer y Ginés Górriz, publicada por el diario El Mundo.
"Estamos asistiendo con estupor e indignación a la renuncia del Gobierno de España a adoptar una posición clara y firme en favor de los manifestantes y en contra del régimen autoritario de La Habana", dicen los firmantes.
"La renuncia, hiriente y patética, a reconocer que en Cuba impera una dictadura que priva a los ciudadanos de derechos humanos elementales, las piruetas verbales de dirigentes de los principales partidos de izquierda en España que ostentan los más altos cargos en el Gobierno (Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Isabel Rodríguez...) para evitar una denuncia clara y rotunda de un régimen despreciable, no parecen casar bien con políticos y partidos que con tanta pasión proclaman defender la ampliación de derechos ciudadanos, que se enfrascan en la denuncia de la dictadura que padeció España durante décadas, que, en definitiva, se reclaman como partidos de progreso", critican.
"¿Acaso los cubanos no merecen gozar de los mismos derechos y libertades que el resto de ciudadanos de Hispanoamérica? Más: ¿acaso las largas decenas de miles de cubanos que nos hemos nacionalizado en España y hemos hecho nuestro este país de libertades merecemos tamaño desprecio por parte del Gobierno?", cuestionan los escritores Antonio José Ponte, Abilio Estévez y Rolando Sánchez Mejías; el director de DIARIO DE CUBA Pablo Díaz Espí; los artistas Leandro Feal y Marco Castillo; los cineastas Carlos Quintela, Heidi Hassan y Patricia Pérez, y el científico Eduardo López Collazo, entre otros.
"Nada puede, nada debe impedir a los responsables políticos del Gobierno de España y a los partidos de izquierda que hoy gobiernan denunciar a la dictadura cubana. Ni la oposición al embargo norteamericano que pesa sobre la Isla, ni el cálculo cortoplacista que busca proteger las inversiones españolas en Cuba —sacando provecho de la inmoralidad de pretender ventajas económicas aprovechándose del mismo embargo que denuestan—, sirven, pues son dos excusas igualmente esclavas de un paisaje anterior al que Cuba y los cubanos habitan ahora", argumentan.