Lejos de flexibilizar las restricciones a los derechos civiles y políticos, después del 11 de julio, el régimen cubano dio otra vuelta de tuerca al tornillo de la represión, coincidieron un activista político y un periodista en conversación con Radio Televisión Martí.
A poco más de un año de aprobada la Constitución cubana de 2019, la sociedad cubana hizo uso, el 11 de julio de 2021, de los derechos reconocidos en ella para salir a las calles a manifestarse por un cambio de gobierno y a exigir mejores condiciones socioeconómicas y respeto a las libertades fundamentales.
“Ahí está la ironía de la historia, en que el Estado reconoce determinados derechos civiles, la sociedad empieza a hacer uso de ellos, justamente a partir de ese reconocimiento, y lo que se le ocurre al Estado fue reprimirla con toda la fuerza. Ciertamente eso es un indicio de que la sociedad estaba preparada, ya venía haciéndolo, para ejercer determinadas libertades, independientemente de que estuvieran o no reconocidas en la Constitución, las leyes y por las instituciones. Pero ese acuerdo entre la Constitución y lo que la ciudadanía venía ejerciendo y demandando, es violado por el propio Estado que lo reconoce”, indicó el activista habanero Manuel Cuesta Morúa antes de haber sido detenido por varias horas.
“Un año después, nos enfrentamos a una situación totalmente caótica en materia institucional, en materia de derechos. El Estado incurre en una segunda pisada en falso, ahora aprueba un Código Penal, diseñado para criminalizar el disenso, que a todas luces es inconstitucional”, dijo.
Se calcula que más de mil personas fueron arrestadas y encarceladas en relación con el levantamiento popular. Muchas de ellas permanecen en prisión luego de ser sentenciadas. El gobierno cubano sólo ha publicado dos declaraciones oficiales, una en enero y otra en junio, acerca del estado legal de los manifestantes.
“Desde esa perspectiva, los ciudadanos se encuentran atrapados en un nuevo candado totalmente inconstitucional, como me gustaría reiterar, entre una Constitución que reconoce determinados derechos y un Estado que está decidido a violarlos; cayendo en lo que ya algunos estudiosos de los sistemas autoritarios llaman ‘legalismo autocrático’: que es la idea de que el Estado cree tener, y el gobierno cree tener, toda la legitimidad para violar derechos que reconoce la Constitución sólo porque ha redactado unas leyes que le amparan y le permiten destruir, aplastar a la ciudadanía”, apuntó el activista, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
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Un año de retroceso en los derechos civil y políticos
La Fiscalía General de la República de Cuba informó que había 790 personas detenidas, de las cuales 381 han sido condenadas, principalmente por sedición, vandalismo, robo con violencia y alteración del orden público. De los condenados, 16 son menores de entre 16 y 18 años. En total, 55 menores han sido acusados de algún delito, de los cuales 28 están en prisión preventiva y sólo 18 han visto modificada o reducida su condena.
“En esa situación, realmente caótica en términos institucionales, que sólo aparecen bajo el orden coactivo de la Policía y bajo el orden represivo que establece la policía en todo el país, estamos viviendo ahora en una situación en la que los derechos civiles están también totalmente desconocidos, desconectados de la realidad institucional del país, aunque ya, y esto es un dato importante y un hecho fundamental, la sociedad cubana los tiene incorporados”, opinó Cuesta Morúa.
Organizaciones cubanas y extranjeras han intentado, sin éxito, tener acceso a los juicios y a los procesos de casación. También han denunciado claras violaciones del derecho al debido proceso de los detenidos, garantizado por la Constitución cubana.
“Ahora, el desafío que tenemos por delante es justamente un desafío en el que triunfa y prevalece el Estado o triunfan y prevalecen los derechos civiles. Parece que, a pesar de la represión, la balanza histórica se va inclinando en favor de la sociedad y en favor de la ciudadanía”, puntualizó Cuesta Morúa.
Tras las manifestaciones del verano pasado, el espacio para la sociedad civil y el discurso público ha seguido comprimiéndose en Cuba, advirtió el director del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín, desde Camagüey.
“Definitivamente no percibo que haya habido ninguna mejoría en temas de derechos y libertades para los cubanos, ni de parte del Estado, del régimen ha habido concesiones en ese sentido, ninguna flexibilización y tampoco creo que los cubanos de dentro, e inclusive los de afuera, hayan logrado conquistar más libertades”.
“Si ha habido, sobre todo una acentuación de la batalla por la libertad de Internet en el sentido de que todavía hay muchos cubanos que se atreven a publicar contenidos críticos con el régimen, aprovechando espacios para reclamar derechos. Pero no es que se le hayan concedido y siempre traen costes aparejados”, recalcó Constantín.
Las limitaciones aprobadas para el control de internet muestran, además, la predisposición del régimen a la creación rápida e incuestionable de leyes, ignorando el escrutinio constitucional, agregó.