Funcionarios estadounidenses han iniciado una investigación para averiguar si los líderes socialistas de Venezuela utilizan la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para malversar miles de millones de dólares a través de varios esquemas y sobornos, según revela The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas.
A principios de este mes, fiscales federales en Nueva York, Washington, Missouri y Texas y agentes del Departamento de Seguridad Nacional, la Administración de Control de Drogas (DEA), el FBI y otras agencias se reunieron en persona o por teleconferencia en Washington para coordinar acciones y compartir pruebas y testigos para las diversas investigaciones sobre PDVSA, aseguraron fuentes al diario.
Sospechan que los funcionarios de la empresa han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mediante sobornos y cuentas bancarias en el extranjero utilizadas con fines ilegales, incluidos el manejo de divisas en el mercado negro y el lavado de dinero del narcotráfico.
Los funcionarios venezolanos han desestimado reiteradamente las acusaciones alegando que se trata de falsos reclamos de los partidos de oposición en contubernio con el Gobierno de Estados Unidos y otros "enemigos extranjeros" para derrocar al Gobierno.
Los oficiales de policía en Nueva York tienen la esperanza de conseguir la cooperación del ex ministro de Energía de Venezuela, Rafael Ramírez, quien dirigió durante una década el gigante PDVSA y en 2014 pasó al frente del Ministerio de Exteriores y, luego, en diciembre de ese mismo año, fue nombrado embajador de Venezuela ante Naciones Unidas.
El informe destaca una reunión en el 2006 en la que directores de una de las empresas constructoras más importantes de España serían recibidos por Rafael Ramírez para hablar de sus planes para presentarse a la licitación de un proyecto de energía eléctrica de US$1.500 millones de la petrolera estatal venezolana.
Pero cuando llegaron a la suite presidencial del JW Marriott Hotel en Caracas, quien los recibió no fue Ramírez sino su primo, Diego Salazar, dijeron dos personas que participaron en esa reunión.
Salazar, dicen estas fuentes, fue directo al grano: Si querían entrar en carrera, los españoles tenían que pagar por lo menos US$150 millones en sobornos. "Si no, deben regresar al aeropuerto", les dijo Salazar, según una persona.
Los ejecutivos no aceptaron, pero muchos otros proveedores estaban dispuestos a seguir el juego en varios proyectos de PDVSA, dicen personas que trabajaron con la empresa antes de la salida de Ramírez, el año pasado.
Ramírez, de 52 años y actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, no respondió a llamadas telefónicas y a cuatro cartas detalladas que el diario le envió en busca de una reacción.
Salazar, quien reparte su tiempo entre Nueva York, Miami, Caracas, París y Madrid, no respondió tampoco a numerosos correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto solicitando comentarios.
No existe una acusación pública sobre PDVSA y es posible que no se formalice ningún cargo, explica el diario.