Estados Unidos impuso hoy sanciones a 13 individuos por corrupción y violación de derechos humanos, entre ellos Roberto José Rivas Reyes, presidente del Consejo Electoral Supremo de Nicaragua; Julio Antonio Juárez Ramírez, parlamentario de Guatemala, y el empresario dominicano Ángel Rondón Rijo, según una orden ejecutiva de la Casa Blanca, firmada por el presidente Donald Trump.
"Hoy, EEUU toma fuertes medidas contra el abuso de derechos humanos y corrupción global cerrando el acceso de estos malos actores a nuestro sistema financiero. El Tesoro congela sus activos denuncia públicamente los atroces actos cometidos", afirmó Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado.
Washington acusa a Rivas de corrupción y "fraude electoral" en Nicaragua; a Juárez de contratar a un sicario para asesinar a un periodista en Guatemala; y a Rondón, por su participación en la red de sobornos creada por la empresa brasileña Odebrecht para la concesión de obras públicas.
Por su parte, el secretario de Estado, Rex Tillerson, remarcó en una nota paralela que "debemos liderar con el ejemplo, y las acciones de hoy muestran que EEUU continuará buscando consecuencias tangibles y significativas para aquellos que cometan graves violaciones de derechos humanos"
También son objeto de estas sanciones el expresidente de Gambia Yahya Jammeh (1994-2017), señalado por ordenar el asesinato y tortura de opositores, y el robo a gran escala de las arcas públicas; y al jefe militar birmano, Maung Maung Soe, responsable de "limpieza étnica" de la minoría musulmana rohingya.
Igualmente están en la lista Gulnara Karímova, hija del ex dictador uzbeko Islam Karímov, por malversación y desfalco de fondos públicos; y Artem Chayka, el hijo del fiscal general de Rusia, por corrupción en la concesión de licitaciones públicas.
Junto con el presidente Donald Trump, el Departamento del Tesoro, emitió una declaración donde se afirma que "se tomaron estas medidas contra personas que han cometido graves abusos contra los derechos humanos y se han involucrado en la corrupción en todo el mundo". El Departamento de Estado dice comprometerse a proteger y promover los derechos humanos y combatir la corrupción con todas las herramientas a su disposición.
Las medidas de hoy, asegura la declaración, “aumentan nuestros valores y promueven la seguridad de Estados Unidos, nuestros aliados y nuestros colaboradores. Debemos predicar con el ejemplo, y el anuncio de las sanciones de hoy demuestra que Estados Unidos continuará buscando consecuencias tangibles y significativas para quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos y se involucran en corrupción”.
La Congresista Ileana Ros-Lehtinen, presidente emérita de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, hizo la siguiente declaración en respuesta a la designación de Rivas.
"A principios de este mes, dirigí una carta bicameral y bipartidista a la administración instándola a considerar a Rivas, presidente del Consejo Electoral Supremo de Nicaragua (CSE), y a Francisco López, vicepresidente de ALBANISA, para su designación bajo la Ley Global Magnitsky. Hoy, la administración dio un paso importante al emitir su primer conjunto de designaciones bajo la Ley Global Magnitsky, que incluye el nombre de Rivas en la lista. La magnitud de la corrupción y el fraude orquestado por Rivas está bien documentada y bien merecedora de estas sanciones.
Y agrega la congresista republicana: "Me alienta que la administración esté tomando medidas decisivas en apoyo al pueblo de Nicaragua, pero este debe ser el primer paso en lugar del último. Espero que en la próxima ronda de sanciones, la administración designe a López por su papel en la erosión de las instituciones democráticas en Nicaragua y por sus violaciones de los derechos del pueblo nicaragüense.
"Global Magnitsky es solo una herramienta que la administración puede usar para reducir los abusos contra los derechos humanos en Nicaragua y hacer que el régimen de Daniel Ortega rinda cuentas. A principios de este año, la Cámara aprobó otra medida, un proyecto de ley que yo redacté, la Ley NICA, que proporcionaría una herramienta más para que la administración cumpla con estos objetivos. Insto a mis colegas en el Senado a que tomen esta medida y la envíen al escritorio del presidente para que podamos enviar un poderoso mensaje a Ortega y sus compinches de que no se permitirá que estos abusos continúen sin consecuencias ".
Así mismo, en respuesta a la decisión de la administración Trump de imponer sanciones financieras y de viaje a más de una docena de personas responsables de graves abusos contra los derechos humanos y corrupción, Freedom House emitió la siguiente declaración:
"Este primer uso de una ley innovadora brinda a los Estados Unidos una poderosa herramienta para atacar a los autores de los abusos más graves contra los derechos humanos y la corrupción", dijo Michael J. Abramowitz, presidente de Freedom House. "Las personas que enfrentarán severas sanciones van desde un traficante de armas en los Balcanes, el ex jefe de operaciones del ejército de Myanmar contra civiles, un director de los servicios de seguridad de China en Beijing, hasta el hijo del fiscal jefe de Rusia y hasta el presidente de la Comisión Electoral de Nicaragua. Freedom House trabajó con una coalición de otras organizaciones pro democracia y derechos humanos para identificar a los malhechores que serían sancionados".
La ley es una poderosa herramienta contra corruptos y violadores de los derechos humanos que ya activistas de la sociedad civil cubana afirman que muy bien podría aplicarse a los funcionarios y representantes de la dictadura cubana, encabezada por el general Raúl Castro.