El Gobierno de Estados Unidos defendió este miércoles en los tribunales una polémica medida que permite enviar a México a algunos solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos y calificó de "errónea" la decisión de una
corte federal que anteriormente la había bloqueado.
En representación del Departamento de Justicia, el abogado Scott Stewart aseguró a los tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones de EEUU, con sede en San Francisco (California), que "la decisión de la corte de distrito fue errónea", en referencia al fallo contrario al Gobierno de hace dos semanas y media.
"Es razonable que el Gobierno devuelva a los solicitantes de asilo a México. No es un retorno a su país, es una devolución", apuntó Stewart durante las audiencias de este miércoles, en una sesión en la que la discusión se centró más en aspectos técnicos sobre la aplicación de la norma que en el fondo de la cuestión.
En estos momentos, la política de enviar a México a algunos solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos sigue activa, ya que si bien el juez federal Richard Seeborg ordenó su bloqueo el 8 de abril, la Corte de Apelaciones suspendió esta decisión y permitió que se reactivase, a la espera de escuchar los argumentos del Gobierno y de los grupos demandantes.
"Los once solicitantes de asilo a los que representamos en este caso pidieron permanecer en centros de detención en EEUU frente al peligro que suponía para ellos que los enviasen a México", apuntó la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) Judy Rabinovitz.
Uno de los aspectos por los que se interesaron más los jueces en la sesión de este miércoles fue el hecho de que los agentes de Inmigración no pregunten de forma directa a los solicitantes si tienen miedo de ser perseguidos en caso de ser enviados a México, algo que podría suponer una violación de la ley.
El magistrado Paul Watford, uno de los tres que conforman el panel y el que más crítico se mostró hoy con la Defensa de la Administración del presidente Donald Trump, recordó a Stewart que el Gobierno tiene la obligación de no enviar a los solicitantes a un lugar en el que teman que pueden ser perseguidos.
A su juicio, "una buena parte de los demandantes de asilo no saben que si dicen que temen ser enviados a México, tendrán más posibilidades de quedarse en EEUU".
"Está partiendo de la base de que no es necesario preguntar a la persona a la que se va a enviar (a México) si tiene miedo de estar allí. No concibo que eso no sea algo arbitrario y caprichoso", espetó el juez al abogado del Gobierno.
La política de enviar a México a los demandantes de asilo a la espera de que se resuelvan sus casos empezó en enero y desde entonces se han enviado a ese país a unas 400 personas, según cifras de Departamento de Seguridad Nacional, responsable de su implementación.
La Justicia federal californiana, de tendencia más progresista que la mayoría de las Cortes del resto del país, se ha erigido en favorita para los activistas para presentar demandas contra el Gobierno de Trump, especialmente en materia migratoria, en la que la Administración ya ha sufrido varios reveses.
(EFE)