El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles nuevas sanciones económicas contra cuatro individuos ligados al Gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, tras las detenciones y acoso del mandatario contra sus posibles rivales, precandidatos opositores a las elecciones de noviembre próximo.
“El gobierno de Estados Unidos hace un llamado al presidente Daniel Ortega y al Gobierno de Nicaragua a liberar de inmediato a los candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz Félix Diego y Juan Sebastián Chamorro, así como otros líderes de la sociedad civil y de la oposición que han sido detenidos durante la última semana en una creciente ola de represión”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price en la rueda de prensa diaria.
Los sancionados son el diputado Edwin Castro, jefe de bancada del oficialista Frente Sandinista y operador político de dicho partido; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes; Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como Julio Rodríguez Balladares, un exmilitar que dirige el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Las sanciones fueron anunciadas primeramente por el Departamento del Tesoro por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y se dan una semana después que el director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González anunciara que la administración de Joe Biden aumentaría la presión en Managua, tras el arresto a Cristiana Chamorro, precandidata presidencial.
González dijo en ese entonces a la VOA, que EE. UU. estaba en “conversaciones” con gobiernos de Europa y Latinoamérica que ‘comparten la preocupación’ por la situación en Nicaragua, para no “responder de manera unilateral”.
La pasada administración republicana de Donald Trump sancionó al menos a 24 funcionarios del gobierno del presidente Ortega, incluyendo la esposa del mandatario, Rosario Murillo, a quien apunta por supuesta violación de los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales de 2018.
Además, Ned Price recalcó que “Estados Unidos condena estas acciones en los términos más inequívocos y responsabiliza por la seguridad y bienestar [de los detenidos] al presidente Ortega y a quienes ejecutan sus órdenes autoritarias”.
Price dijo que mediante tales acciones el Gobierno de Ortega “ha enviado a periodistas independientes, activistas y líderes estudiantiles a la clandestinidad”.
“Como lo demuestran estas sanciones, hay costos para quienes son cómplices de la represión del régimen. Estados Unidos seguirá utilizando herramientas diplomáticas y económicas contra miembros del régimen, involucrados en esta ola de represión”, detalló el funcionario estadounidense.
La declaración del Departamento de Estado, comentada por Price el miércoles, insta "a la región y la comunidad internacional" a "defender los derechos de aquellos que Ortega está tratando de intimidar y silenciar mientras apoya al pueblo nicaragüense en su derecho a elegir libremente su gobierno".
En ese sentido pidió a los gobiernos a "No mirar para otro lado" mientras "el pueblo nicaragüense sufre a manos del régimen de Ortega", y prometió: "responderemos con las herramientas económicas y diplomáticas a nuestra disposición".
“Nos esforzamos por ayudar a hacer realidad, nada más y nada menos que la capacidad del pueblo nicaragüense de elegir su propio destino y de ejercer su libre albedrío”, concluyó Price en una ronda de preguntas con los periodistas.
Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial, fue sancionada, según el Tesoro estadounidense, por haberse desempeñado como funcionaria del Gobierno de Nicaragua y ser “una asesora clave del presidente Ortega”.
Camila es administradora del Canal 13 que “difunde propaganda estatal, mientras que el presidente Ortega utiliza las leyes fiscales y de gastos estatales para promover las estaciones familiares y exprimir a los medios independientes rivales”.
En el caso de Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, es señalado de liderar la implementación de la nueva Ley para la Protección de Consumidores y Usuarios, que podría obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a hacer negocios con personas designadas en Nicaragua con el riesgo de facilitar transacciones sancionables.
“Las instituciones financieras en Nicaragua que se niegan a cumplir con la ley pueden estar sujetas a acciones punitivas por parte del BCN alineado al régimen y la Superintendencia de Bancos, los implementadores de la ley, todo lo cual contribuye a la desestabilización de la economía de Nicaragua. La designación de hoy se aplica solo a Reyes; y BCN no ha sido designado”, aclara el Tesoro.
En el caso de Edwin Castro, jefe de bancada del oficialista FSLN, fue sancionado por ser haber sido parte de una Comisión Electoral que dictaminó de forma positiva, unas reformas electorales que “permiten al gobierno restringir la participación de los partidos políticos en las próximas elecciones y no prevén disposiciones para la observación electoral internacional”.
Por su parte Julio Rodríguez, General de Brigada del Ejército fue incluido en la lista de sanciones del Departamento de Estado, que señala a dicha institución de apoyar a la policía y los paramilitares que abusaron de los derechos humanos de los manifestantes al atacarlos, lo que resultó en más de 300 muertes y daños físicos y psicológicos.
[Colaboraron con este artículo Luis Felipe Rojas, en Miami, y Houston Castillo, en Managua, Nicaragua]