El departamento estadounidense del Tesoro anunció este miércoles sanciones contra 13 funcionarios y ex funcionarios de Venezuela, con lo que se busca aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que abandone sus planes de realizar una Asamblea Constituyente.
El paquete de sanciones se concentra en funcionarios actuales o pasados "asociados con las elecciones o por quebrantar la democracia, así como la violencia generalizada contra manifestantes de la oposición y corrupción", señaló el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
"Como resultado de las acciones de hoy, todos los activos de estas personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos quedan congelados, y se prohíbe a las personas estadounidenses tratar con ellos", señala el documento.
Entre los sancionados están el jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente y exvicepresidente de Venezuela, Elías Jaua; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; la exministra y miembro de la comisión para la Constituyente, María Iris Varela; y el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
También están el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), Sergio Rivero Marcano; el jefe de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez; el exjefe de ese mismo cuerpo, Franklin García Duque; y el comandante del Ejército Bolivariano, Jesús Suárez.
El Departamento del Tesoro sancionó además al vicepresidente de finanzas de la petrolera estatal PDVSA, Simón Zerpa; al Tesorero de la Nación, Carlos Malpica Flores; al viceministro de Exteriores para Europa, Alejandro Antonio Fleming; y al presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), Rocco Albisinni Serrano.
"Cualquiera que sea electo para la Asamblea Constituyente debería saber que su rol en menoscabar los procesos e instituciones democráticos en Venezuela podría exponerlos a potenciales sanciones de parte de Estados Unidos", dijo Mnuchin.
Estados Unidos decidió imponer las sanciones contra los individuos por presuntos abusos contra los derechos humanos y corrupción, salvando por ahora al país sudamericano de sanciones financieras o "sectoriales" más amplias contra su vital industria petrolera, aunque de acuerdo a lo expuesto por las fuentes a Reuters estas medidas están siendo consideradas, informó el Departamento del Tesoro.
La iniciativa está encaminada a mostrar al Gobierno socialista de Maduro que Trump está dispuesto a cumplir con su amenaza de imponer "acciones económicas fuertes y rápidas" si Caracas sigue adelante con sus planes para realizar el domingo una votación destinada a establecer una Asamblea Constituyente que, según los críticos, aumentará fuertemente el poder de Maduro.
La medida forma parte de una primera ronda de sanciones y que el Gobierno de Trump está preparando iniciativas adicionales más estrictas, las que podrían desplegarse como parte de un "ritmo constante" de respuestas a la crisis venezolana.
El más grave de los posibles pasos a futuro serían las sanciones financieras que suspenderían los pagos en dólares por el petróleo del país, lo que privaría al obierno del país sudamericano de una divisa fuerte, o una prohibición total de las importaciones de petróleo a Estados Unidos, el mayor cliente de Venezuela.
Sin embargo, la decisión de aumentar la presión sobre el golpeado sector petrolero de Venezuela es parte de un continuo debate interno que ha sopesado los riesgos de infringir más sufrimiento al pueblo venezolano, elevar los precios de la gasolina en Estados Unidos y generar problemas en Citgo, la filial estadounidense de PDVSA.
Incluso algunos de los críticos internos de Maduro han advertido que el líder venezolano podría unir a sus partidarios bajo una bandera nacionalista si Estados Unidos llega demasiado lejos con las sanciones.
Amplios poderes
Al igual que el Gobierno de Trump, la oposición venezolana exige que Maduro descarte la realización de una elección programada para el domingo para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente, la que podría crear un Congreso con poderes para reescribir la carta magna del país y anular todas las demás instituciones.
Pero Maduro insiste en que esta es la única manera de empoderar al pueblo y traer de vuelta la paz al país después de cuatro meses de disturbios antigubernamentales, en los que han muerto más de 100 personas.
Los funcionarios estadounidenses dijeron que las personas sancionadas estaban acusadas de apoyar la represión que lleva acabo Maduro, dañar instituciones democráticas o victimizar al pueblo venezolano a través de la corrupción, añadiendo que otros responsables de la situación podrían ser sancionados más adelante.
En mayo, Estados Unidos impuso sanciones contra el principal juez del país y otros siete miembros del Tribunal Supremo partidarios de Maduro, en respuesta a su decisión de quitarle funciones a la Asamblea Nacional a principios de este año. Esto se produjo tras unas sanciones similares impuestas contra el vicepresidente venezolano.
Declaración de Ros-Lehtinen sobre el anuncio de una nueva ronda de sanciones contra funcionarios de Maduro en Venezuela
"Los Estados Unidos y las naciones responsables deben trabajar juntos para presionar a Maduro para que cancele la asamblea constituyente y se niegue a reconocerla e imponer severas consecuencias".
Congresista Ros-Lehtinen celebra sanciones
La congresista Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte, apoyó las sanciones de la Administración Trump contra los funcionarios del gobierno venezolano, y dijo que deben servir de advertencia para los que cooperan con Maduro.
"Estados Unidos está observando muy de cerca el deterioro de la situación en Venezuela", advirtió la congresista, y añadió que Trump podría "imponer sanciones adicionales contra quienes cometan abusos contra los derechos humanos o contra el narcotráfico y la corrupción".
Ros-Lehtinen señaló en un comunicado que "asegurando que quienes violan los derechos humanos de los venezolanos no puedan ingresar a Estados Unidos, o acceder a su dinero y propiedades en nuestro país", se envía "un claro mensaje de que no toleraremos los continuos abusos que se están produciendo en Venezuela".
(Con información del Departamento del Tesoro, AFP, Reuters y EFE)