A fines de junio pasado el ministro de Salud Pública de Cuba, Roberto Morales Ojeda describió en Twitter el envío de 38 brigadas médicas cubanas "Henry Reeve" a 31 países para ayudar a enfrentar la pandemia como una “contundente respuesta de humanismo frente al imperio”.
En realidad el “humanismo frente al imperio” de este número extraordinario de “brigadas médicas al minuto” ha estado signado por una imperiosa necesidad de moneda convertible.
En medio de la tormenta perfecta por la crisis en la colonia venezolana, las sanciones de Estados Unidos y la alergia del régimen a reformas internas de mercado, la pandemia global puso la puntilla a la economía cubana con una caída en picada del turismo y las remesas familiares, dos de las principales fuentes de divisas del país. También se redujeron las exportaciones, y los impagos en la deuda externa dejaron al gobierno sin créditos. Los mandamases castristas echaron mano entonces al único recurso que les quedaba: potenciar la exportación de sus médicos y otros trabajadores de la salud.
Se ha reportado que esta actividad, desde hace años el primer renglón de ingresos en divisas de la economía cubana, constituye el 46% de las exportaciones y el 6% del PIB. El exministro de Economía José Luis Rodríguez calculó en 2017 que los servicios profesionales, 80 % de ellos en el campo de la salud, aportaron "un estimado de 11.543 millones de dólares como promedio anual entre el 2011 y el 2015”. Después de la salida de los cooperantes médicos de Brasil, Ecuador, Bolivia y El Salvador, la cifra se redujo a $6.400 millones.
Lo vergonzoso del caso es que el gobierno de Cuba obtiene este caudal financiero a costa de implementar la que es posiblemente la mayor operación de trata de personas en nuestros días, al someter a sus decenas de miles de colaboradores a condiciones de trabajo forzoso y esclavitud moderna, mientras la disfraza en su propaganda como una muestra de “humanismo” y “solidaridad”. El disfraz, sin embargo, continuó deshilachándose en 2020.
Bajo el escrutinio
Desde 2017 importantes medios de prensa habían revelado aspectos del esquema cubano de tráfico de profesionales, como el despojo salarial, las presiones y amenazas, la retención de documentos de identidad y el uso de los médicos para hacer proselitismo político. Publicaciones tan prestigiosas como The New York Times, The Guardian, Wall Street Journal, Miami Herald, Time y la BBC los expusieron después de hablar directamente con cooperantes que habían desertado o pidieron anonimato.
En 2020 las evidencias fueron reforzadas por más reportajes de la prensa internacional; el emplazamiento al gobierno de Cuba por parte de dos relatoras temáticas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; investigaciones de organizaciones dedicadas a los derechos humanos en Cuba; dos demandas judiciales bien argumentadas con los testimonios de exmiembros de las misiones; y la denuncia de una importante organización internacional especializada.
Relatoras de la ONU: “podría elevarse a trabajo forzoso, forma contemporánea de esclavitud”
La Organización Internacional del Trabajo divulga una serie de indicadores para identificar casos de trabajo forzoso en el mundo. Estos incluyen varios que los conocedores observan en el caso de los médicos, como retención de salarios; abuso de la vulnerabilidad; engaño; restricciones de movimiento y aislamiento; intimidación y amenazas; retención de documentos de identidad; condiciones de vida y de trabajo abusivas; y exceso de horas extra.
Lee también Exigen a La Habana que demuestre que da un trato digno a médicos en misiónEn enero de este año se dio a conocer una comunicación que enviaron el gobierno cubano dos relatoras temáticas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: la que se ocupaba de las Formas Contemporáneas de Esclavitud y la que se encargaba de la Trata de Personas
Las funcionarias de la ONU detallaron en su misiva que a los integrantes de las misiones: a) Se les presiona para participar, y temen represalias si no participan; b) Desconocen su contrato de trabajo o no se les entrega una copia del mismo; c) Se les descuenta entre el 75% y el 90% de lo que pagan los países anfitriones o deben remesarlo a Cuba (a la estatal Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos); d) Cuba congela hasta su regreso una parte de lo que les paga, y lo que reciben no les alcanza para vivir dignamente; e) Su libertad de movimiento en el país de destino está restringida y bajo vigilancia de funcionarios del Gobierno de Cuba; f) Se controlan y vigilan su comunicación y relaciones con lugareños durante las misiones; g) Muchos han reportado recibir amenazas por parte de funcionarios cubanos en los países de destino; h) A los desertores se les prohíbe regresar a Cuba durante ocho años y sus familiares pueden ser señalados y represaliados.
Las señoras Urmila Bhoola y Maria Grazia Giammarinaro advirtieron al gobierno de Cuba que las condiciones reportadas por participantes en las misiones médicas de Cuba “podrían elevarse a trabajo forzoso”, según lo previsto por la OIT, y señalaron que este “constituye una forma contemporánea de esclavitud”.
El trabajo forzoso es prohibido por los Convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Cuba y la mayoría de los Estados que han recibido a médicos cubanos.
Médicos cubanos reunidos el 4 de junio de 2020, antes de ir a misión en Kuwait. REUTERS/Alexandre Meneghini
Human Rights Watch a anfitriones: aceptar condiciones abusivas de Cuba les convierte en cómplices
“Los médicos cubanos enviados a responder a la pandemia de COVID-19 ofrecen valiosos servicios a numerosas comunidades, pero a costa de sus libertades más básicas”, denunció en julio José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para Latinoamérica. “Los gobiernos interesados en recibir la asistencia de médicos cubanos deben exigirle al gobierno de Cuba que reforme su orwelliano sistema, que regula con quiénes los médicos pueden vivir, hablar o incluso mantener una relación sentimental”, sostuvo Vivanco. Y advirtió que “los gobiernos que acepten asistencia cubana que incluya condiciones abusivas impuestas por Cuba podrían convertirse en cómplices de graves violaciones de derechos humanos”.
Un informe de la organización publicado ese mes sobre el tema se refiere a la draconiana Resolución 168, dictada en 2010 por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba.
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“Cuba regula incluso los aspectos más triviales de la vida de los médicos cubanos que participan en misiones, de maneras que vulneran los derechos de libertad de asociación. Conforme a la Resolución 168 (…), se consideran “infracciones de la disciplina” mantener “relaciones” con cualquier persona “cuya conducta no esté acorde con los principios y valores de la sociedad cubana”, así como sostener “relaciones de amistad o vínculos de otro tipo” con ciudadanos cubanos disidentes y personas que tengan “posiciones hostiles o contrarias a la Revolución cubana” o que sean “promotores de un modo de vida contrario a los principios que deben caracterizar a un colaborador cubano en el exterior”. Vivir con personas “no autorizadas” también constituye una infracción disciplinaria. El personal enviado a estas misiones debe reportar a sus superiores inmediatos todas “sus relaciones amorosas”.
Observaba también HRW cómo “a través de disposiciones imprecisas contenidas en la mencionada Resolución 168, se limita la libertad de circulación de los trabajadores sanitarios. La resolución establece como infracción “frecuentar lugares que dañen [el] prestigio [del médico] en el concepto público” y también “concurrir a lugares que, dadas sus características, resulten proclives a alteraciones del orden público”. Los trabajadores de la salud también deben obtener “autorización” para “participar en actos públicos de carácter político o social”.
Por medio de la mencionada legislación también “se ve gravemente limitada” la libertad de expresión de los trabajadores de la salud, señala la organización, resaltando cómo conforme a la mencionada resolución los médicos necesitan “instrucciones y autorizaciones” para “emitir valoraciones” a los medios de comunicación sobre “situaciones internas del centro de trabajo” o que “comprometan la colaboración cubana”. También constituye una infracción “difundir o propagar criterios o rumores que vayan en detrimento de la moral o el prestigio del colectivo o de algún integrante de este”.
Al finalizar el informe José Miguel Vivanco acotaba que “A nadie le sorprende que el régimen cubano no esté dispuesto a respetar los derechos de sus trabajadores de la salud, pero otros gobiernos deben abstenerse de contribuir a esta explotación”.
Cuban Prisoners Defenders: ¿Voluntarios?
En un viejo cuento popular cubano, un vecino ve pasar en un camión a un vecino de la cuadra junto con otras personas y le pregunta: “Oye, ¿pa’ dónde vas?”. Y el hombre, levantando sus dos manos atadas, responde: “Trabajo voluntario”. El gobierno cubano asegura que los integrantes de las misiones médicas cubanas se enrolan voluntariamente. Pero su voluntariedad, según arrojó un importante estudio publicado este año, se parece a la del hombre maniatado cuento.
En septiembre de 2020 la organización Cuban Prisoners Defenders presentó a la Corte Penal Internacional y a Naciones Unidas una demanda de 622 doctores contra el gobierno cubano. La demanda es sustentada por una minuciosa investigación que aborda entre otros aspectos el de la supuesta voluntariedad de los cooperantes.
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En el 70 % de 405 entrevistas protegidas con ex miembros de las misiones los entrevistados dijeron no haberse ofrecido como voluntarios; un 16 % dijo haberse ofrecido como voluntario pero por razones coercitivas (no poder salir del país de otra manera por ser trabajadores de la salud, temor a quedar marcados políticamente, o la inculcación de que están en deuda con el Estado que les pagó la carrera). El 14 % restante alegaron haberse ofrecido voluntariamente pero por razones económicas (a pesar de un despojo salarial de hasta el 95 % por parte del gobierno cubano, cualquiera de los cooperantes médicos en el exterior recibe más mensualmente que los 60 dólares promedio a que equivale su salario mensual en Cuba).
La investigación de Cuban Prisoners Defenders revela muchas otras facetas oscuras de las misiones, como las violaciones de derechos laborales en la contratación, los pactos y convenciones violados por La Habana y las leyes cubanas que rigen el trabajo de los médicos en el exterior.
Foundation for Human Rights in Cuba: el impacto en la isla
Otra importante investigación fue emprendida por Foundation for Human Rights in Cuba (FHRC) en conjunto con Outreach Aid to the Americas (OAA), ambas con sede en Miami.
La pesquisa, a través de numerosas fuentes periodísticas, médicas y populares en la isla, y 36 entrevistas con exmiembros de las misiones, arrojó resultados reveladores:
- Se identificó a al menos 20 funcionarios involucrados en la trata de trabajadores de la salud. Entre ellos se cuentan empleados de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, que anuncia y contrata los servicios de los médicos sin permitirles discutir los términos; la Unidad Central de Colaboración Médica, que selecciona y fiscaliza a los integrantes de los contingentes; y jefes y coordinadores de misión y brigada, quienes se ocupan de que el personal en el exterior cumpla con las onerosas condiciones de remuneración, vida y actividad laboral impuestas a los cooperantes, que significativamente coinciden con los indicadores de trabajo forzado de la Organización Internacional del Trabajo.
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La doctora cubana Ramona Matos habla sobre sus experiencias en Bolivia y Brasil
-Monografías y reportajes investigativos enviados desde las distintas regiones, así como los resultados de una encuesta sobre 10 aspectos de la salud pública en Cuba 2015-2020 demostraron que es falso que, como afirman las autoridades cubanas, los miles de millones de dólares arrebatados a los médicos internacionalistas (entre 75 y 95 % de sus salarios) se usen para sustentar el sistema de salud pública en Cuba. El 85% de las respuestas de los 203 participantes en la encuesta evaluaron que el sistema está peor en 2020 que en 2015 en indicadores como el estado de los hospitales la disponibilidad de medicinas, equipos y ambulancias y la higiene de las ciudades.
-Se comprobó que la exportación de médicos ha afectado sustancialmente la atención médica primaria en la isla, con el cierre de decenas de consultorios del médico de la familia y la descontinuación de la mayoría de los programas de prevención. También ha ocasionado una aguda escasez de especialistas, dilatando los turnos con estos al punto de que a veces llegan después que el paciente ha muerto.
- Debido a la prohibición de convivir con sus familiares en la misión, se documentaron en las familias de estos colaboradores numerosos casos de matrimonios divorciados, niños con traumas sicológicos, y seres queridos enfermos o fallecidos sin que el médico en misión pudiera estar presente.
- Las 38 entrevistas con ex miembros de las misiones médicas corroboraron rasgos comunes de su explotación que constituyen abusos contra sus derechos humanos y laborales. De ellos, varios coinciden con los indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo: por ejemplo, retención de salarios, retención de documentos de identidad, condiciones de vida y de trabajo abusivas, aislamiento, restricción de movimiento, intimidación y amenazas.
-Las entrevistas revelaron asimismo que, mientras que en Cuba hay una crisis rampante de medicinas incluso para enfermos crónicos, los médicos en misiones tienen que destruir medicamentos enviados desde la isla para que el inventario cuadre con la cantidad de consultas falsas que se reportan a fin de inflar la factura al país anfitrión.
Una brigada médica cubana en La Habana antes de salir a misión en marzo de 2020. REUTERS/Alexandre Meneghini
Luz verde a la demanda contra la Organización Panamericana de la Salud
En noviembre de 2018 cuatro ex miembros de la misión médica cubana en el programa brasileño Mais Médicos, los doctores Ramona Matos, Tatiana Carballo, Russela Rivero y Fidel Cruz, presentaron una demanda en la corte del Distrito Sur de la Florida contra la Organización Panamericana de la Salud (OPS) La acusación, amparada por la Ley estadounidense de Protección a Víctimas de la Trata, se basa en la intermediación de la entidad regional entre los Gobiernos de Cuba y Brasil para incorporar a miles de profesionales cubanos al programa brasileño Mais Médicos en condiciones de trabajo forzoso.
Alegando posible parcialidad, la OPS consiguió que se trasladara el proceso de Miami a Washington. Pero en noviembre de 2020 un juez federal en esa capital decidió que la demanda podrá continuar.
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El juez James E. Boasberg rechazó los argumentos de la OPS respecto a que esa entidad regional goza de protecciones especiales bajo la Carta de la ONU o la Constitución de la Organización Mundial de la Salud que impiden su enjuiciamiento en tribunales estadounidenses. Pero además, citando documentos oficiales brasileños, el magistrado indicó que la OPS permitió la transferencia de Brasil a Cuba de unos 1.500 millones de dólares, apropiados por La Habana de los pagos por los servicios de los médicos─ a través de su cuenta de Citibank en Washington, DC.
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Por su mediación, la OPS habría obtenido como comisión el 5% de esos fondos, unos 75 millones de dólares. Esa actividad comercial de la entidad, según el juez Boasberg, refuerza las denuncias de los galenos cubanos.
Cuando se radicó la demanda, la Doctora Matos relataba: «Antes de viajar preguntamos cuánto nos iban a pagar y nunca nos lo dijeron, hasta un día antes de irnos a Brasil. (Supimos entonces que) nos iban a dar mil dólares, de los cuales 400 nos los iban a dar al cambio, y 600 iban para una cuenta en un banco de Cuba». A los participantes no cubanos les pagaban en Mais Médicos 10.000 reales mensuales, unos 4.300 dólares.
Médicos cubanos que fueron enviados a riesgo de sus vidas a Africa Occidental en 2016, durante la epidemia de ébola, relataron a FHRC que mientras que los doctores de otros países daban a los moribundos “un acompañamiento digno”, a ellos los obligaban a permanecer en contacto con los enfermos hasta el final. “Querían convertirnos en mártires”, testificó uno de ellos.
La información sacada a flote a lo largo de 2020 por las demandas radicadas a nombre de los médicos, decenas de reportajes y testimonios enviados desde Cuba asumiendo los riesgos, numerosas entrevistas a ex integrantes de las misiones y los criterios de prestigiosos especialistas internacionales en derechos humanos confirman que estos contingentes, originalmente articulados como una forma de “diplomacia de batas blancas”, hoy en día no son más que los peones de una lucrativa trata de esclavos.
Y el dinero, como demuestran entre otros indicadores el estado desastroso de los hospitales, la rampante escasez de medicinas, o la apabullante insalubridad en las ciudades, no se dedica como dicen a sostener la salud pública en Cuba.
Si en 2018 los cooperantes médicos le reportaron a Cuba alrededor de 80 % de los 6.400 millones de dólares ingresados por exportación de servicios profesionales, en 2019 se invirtieron solo $96 millones entre salud y asistencia social.
Los gobiernos que acepten asistencia médica cubana, incluidas las abusivas condiciones impuestas por su similar de la isla a sus profesionales, deberían tener en cuenta no solo su complicidad con el abuso, sino también a quién están beneficiando. O enriqueciendo. Porque al pueblo de Cuba no es.