El papa Francisco emitió este jueves un decreto que obliga a los directivos y administradores del Vaticano, incluso los cardenales, a ser transparentes con sus finanzas y declarar todas sus actividades financieras.
Esto incluye revelar que no tienen condenas ni investigaciones por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal, corrupción, fraude, explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos en el Vaticano ni en otros estados.
También deben declarar que no poseen, ni siquiera a través de intermediarios, dinero en efectivo o inversiones o participaciones en sociedades o empresas en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales, o que operen con fines contrarios a la Doctrina Social de la Iglesia católica.
Además, los empleados tampoco podrán aceptar, por razón de su cago, regalos u otros beneficios por un valor superior a los 40 euros.
Esta medida es posterior a otra dictada el 19 de mayo de 2020 en la que el Pontífice promulgó un nuevo código de contratación pública en el Vaticano.
La corrupción, dijo el Papa, "puede manifestarse en diferentes modalidades y formas, incluso en sectores distintos de la contratación pública” Por ello, la Santa Sede, que ha adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, "ha decidido ajustarse a las mejores prácticas para prevenir y combatir" este fenómeno "en sus diversas formas".
Las disposiciones conciernen a todos los que se encuentran en los niveles funcionales, desde los cardenales jefes de dicasterios hasta los vicedirectores con contratos directivos de cinco años, y a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión.
Los empleados tendrán que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años.