El sacerdote Eduardo Llorens advierte que en los juicios sumarios los detenidos del 11J no se pueden defender

Una manifestación de apoyo a las protestas en Cuba durante un evento en memoria de las víctimas del Remolcador 13 de Marzo, en Washington, DC.

El sacerdote Eduardo Llorens, de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana, criticó los juicios sumarios que se realizan a los manifestantes del 11J porque no tienen la posibilidad de defenderse legalmente.

El padre Llorens es jesuita y abogado de profesión. En declaraciones a la Agencia Católica de Informaciones, ACI, explicó los problemas del sistema de Justicia en Cuba.

“El abogado se puede personar y ver el expediente unos momentos antes del juicio, si los familiares logran reunir el dinero y encuentran un abogado que quiera defender el caso. Es prácticamente imposible que la defensa pueda en tan poco tiempo buscar otras pruebas que exculpen a su defendido”, dijo.

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“Los testigos son el instructor del caso (el que realiza la investigación) y los policías que llevaron a cabo la detención, y muchos de estos últimos no recuerdan la cara de los acusados, pues manifiestan que detuvieron a muchas personas”, explicó.

Asimismo, dijo que “si a lo anterior sumamos que el discurso oficial en la prensa única existente, la del gobierno, todo el tiempo es la aplicación del ‘peso de la ley’ el resultado son las sanciones máximas de privación de libertad para delitos que, de ser probados, admiten multas”.

El P. Llorens, informa ACI, es miembro del servicio de acompañamiento de la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (CONCUR), "el cual se enfoca en el asesoramiento para la presentación de recursos de Habeas Corpus, la ayuda para la localización de detenidos, orientación en cuanto a los datos que deben de averiguar y el acompañamiento espiritual/psicológico a familiares tras los acontecimientos del 11 de julio”.

Llorens añadió que “fueron muchos detenidos” y que lamentablemente en Cuba hay una “la falta de cultura jurídica en la población” y “desconocimiento de la inmensa mayoría de las familias de los detenidos de los procesos penales”, y eso da como resultado “un cóctel de desconocimiento jurídico, del cual se aprovechan las autoridades”.