En carta de puño y letra, preso del 11J denuncia golpiza en cárcel de Quivicán

Abel Lázaro Machado Conde y su madre, Beatriz Conde Mesa. (Fotos tomadas de Facebook)

En una carta de su puño y letra que logró sacar de la cárcel, el preso del 11J Abel Lázaro Machado Conde acusó al segundo jefe de la prisión de máxima seguridad de Quivicán, en la provincia de Mayabeque, Yuliesky Montero, de haberlo golpeado cuando se negó a ser trasladado para la compañía número 8, donde ya había sido amenazado por un reo común.

Debido a su negativa, ahora Machado Conde enfrenta un nuevo proceso judicial, acusado del delito de “resistencia”, alertó este lunes su madre Beatriz Conde Mesa, en conversación con Radio Martí.

“Ahora está en la compañía 4 y bajo una investigación. Sí, le levantaron una nueva causa por resistirse”, dijo la mujer.

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Reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí

“Tengo que recoger una carta denuncia que mi hijo sacó del penal. Mi hijo me mandó a decir que la subiera para Facebook… que la reviente por las redes sociales, y aunque lo castiguen por esa acción. No le importa para donde lo manden”, añadió.

Conde Mesa está ahora en busca de un abogado que defienda la causa de su hijo.
La madre del preso político recuerda, además, que ya hace una semana que presentó dos quejas por este abuso, cometido por este alto oficial del centro penitenciario en contra de su hijo, ante los organismos competentes del Estado, pero hasta este momento nadie se ha ocupado del caso.

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Madre de preso político denuncia maltratos a su hijo

Según explicó, entregó denuncias escritas en 15 y K, ante la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (MININT), y también ante la Fiscalía Militar de Güines, y hasta hoy ningún miembro de la Fiscalía General de la República se ha personado en esa cárcel para investigar el maltrato físico que sufrió su hijo, y que le provocaron hematomas en varias partes del cuerpo.

La carta escrita por Abel Lázaro Machado Conde. (Cortesía/Beatriz Conde Mesa)

Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, condenado a nueve años de condena por los presuntos delitos de “sabotaje” y “desórdenes públicos”, tras su participación en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en el poblado de Güines, sufre de discapacidad intelectual y epilepsia.

Con alto riesgo suicida, debido a un trastorno de la conducta orgánica, el joven ha estado varias veces aislado en celdas de castigo en ese centro penitenciario.