El programa Represores cubanos divulgó este miércoles los expedientes de cuatro jueces responsables de las sentencias de hasta 12 años de privación de libertad contra siete manifestantes del 11 de julio de 2021 en Jovellanos, municipio de la provincia Matanzas.
“Estos jueces son Joel Quinta Arango que fue el juez ponente y las demás integrantes del tribunal Damaris Sanabria Padrón, Dairely Peña González y Dialina Hernández Cuesta”, indicó el periodista Rolando Cartaya, especialista del proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
“Los acusados lo fueron por presuntos delitos de Atentado, Desórdenes públicos, Resistencia, Instigación a delinquir, Daños y hasta Portación y tenencia ilegal de armas y explosivos”, dijo.
El Tribunal Provincial de Matanzas condenó a Orelvis René Palenque González a 12 años de prisión, Hendry Fuentes Zamora, a 10 años, Raquel Márquez Vázquez, a 8 años, José Angel Cuba García, a 7 años, Alejandro Rodríguez Helling, a 6 años y Alberto Vásquez González y Omar Cordobés Hernández, a 1 año.
Lee también Concluyen en Jovellanos y Quivicán juicios contra manifestantes del 11 de julioLos cuatro jueces dieron por verdaderas las acusaciones de los oficiales del Ministerio del Interior que declararon que los procesados “vociferaron” frases “ofensivas contra el proceso revolucionario” y tiraron piedras y botellas incendiarias a los agentes del orden.
En el caso de Palenque González, le atribuyeron, que, en el momento de las protestas, portaba una navaja, con la que lanzó “una cuchillada”, sin éxito, a un agente para evitar que no se llevase a cabo la detención de otro manifestante.
“Estos jueces y fiscales se suman a ya más de 100 que están en nuestros expedientes como represores de cuello blanco. Estas personas saben que están cometiendo un delito de prevaricación al sancionar a estos muchachos a penas tan injustas, tan altas, tan desproporcionadas solamente por manifestarse en las calles”, comentó Cartaya.
La prevaricación es un delito especial a causa de que solo lo puede cometer un funcionario, una autoridad pública o un juez.
“Incluso durante la vista oral del juicio, estos jueces se negaron a ver los vídeos que demostraban la inocencia de los encartados y según familiares de los acusados los policías que testificaron en contra de ellos mintieron y aunque decían estar seguros de lo que ocurrió, algunos llevaban apuntados en la palma de la mano los nombres de estos muchachos”, afirmó.
El programa Represores cubanos ha anunciado que se propone abrir expedientes a los miembros del Ministerio del Interior que actuaron como represores de las protestas populares y luego atestiguaron en los juicios, a los que ejercieron como peritos somatoscópicos o de reconocimiento por medio de videos, y a los instructores policiales de los casos.