El empresario Piero Coen Ubilla, uno de los más poderosos de Nicaragua y un fuerte crítico del presidente Daniel Ortega, informó el viernes en un comunicado de prensa que varias de sus propiedades fueron inscritas a nombre del Estado, aunque no fue notificado "de ningún tipo de proceso" en su contra.
Coen explicó que oficiales de la Policía Nacional, entidad sancionada por Estados Unidos, y de la Procuraduría General de la República, se presentaron a sus propiedades para tomar posesión de éstas, reportó la Voz de América, VOA.
"No he sido notificado de ninguna forma de la existencia de ningún tipo de proceso que justifique el actuar de la Policía que motive esta confiscación. Lo único que sé es que mis propiedades ahora están ocupadas por la Policía Nacional", denunció Coen.
El gobierno de Nicaragua declaró traidor a la patria a Coen, dueño de la franquicia de Western Union en Centroamérica, precisó la agencia Reuters.
El empresario es la cabeza del Grupo Coen, uno de los conglomerados de negocios más importantes de la región. Fundado por su padre en Managua hace más de 60 años, el grupo tiene presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México en los rubros de servicios financieros, industria de papel, agroindustria y bienes raíces.
La justicia nicaragüense que responde al presidente Ortega no se ha pronunciado tras la denuncia del empresario, sin embargo, en los juzgados de Managua aparece una acusación en su contra desde el 27 de marzo, y presentada el 22 de junio.
En la acusación no se establece el delito por el cual se investiga al empresario, pero figura como "víctima" el Estado y la sociedad nicaragüense. Esa misma figura legal ha sido aplicada a otros opositores de Ortega y bajo la cual han sido procesados.
La abogada nicaragüense Yonarqui Martínez asegura que para que una propiedad sea ocupada o adjudicada al Estado debe existir una sentencia firme que exprese las razones de la adjudicación, y el supuesto delito cometido debe estar tipificado.
"En Nicaragua nuestra Constitución Política prohíbe la expropiación y confiscación, sin embargo en los últimos procesos se han hecho adjudicaciones de manera arbitraria", subrayó Martínez a la VOA.
El especialista en temas judiciales, Yader Morazán, dijo que el caso del empresario nicaragüense no "debe ser visto como algo aislado".
"Estas decisiones son ilegales, ilegítimas y criminales", dijo. Explicó en ese sentido que los jueces no tienen la potestad de confiscar u ordenar confiscaciones de bienes porque no está en la Constitución.