Continúan los juicios a los detenidos tras las protestas populares del 11 de julio, en tribunales totalmente militarizados y en procesos que están siendo manipulados por la policía política en complicidad con los fiscales, denuncian familiares y periodistas independientes.
Este martes se está realizando desde las nueve de la mañana en el Tribunal Popular Provincial de Santa Clara el juicio a los detenidos del municipio de Caibarién.
Las acusaciones incluyen delitos como desorden público, atentado y daños a la propiedad estatal.
Your browser doesn’t support HTML5
Reportaje radial de Tomás Cardoso
El periodista independiente Guillermo del Sol alertó que este martes amaneció el tribunal totalmente militarizado.
“Carlos Michael Morales Rodríguez, comunicador independiente, es la petición fiscal más baja con cuatro años, le siguen José Rodríguez Herrada y Javier Delgado Torna con cuatro años y medio, después está Ysel Fumero Tuero, acusado de atentado y desorden público, con petición fiscal de seis años de privación de libertad, y luego Magdiel Rodríguez García, un joven que solamente fue en auxilio de una mujer que estaba siendo golpeada en el piso por un policía durante la manifestación y lo acusan de atentado, desorden público y desobediencia con una petición fiscal de ocho años”, destacó Guillermo.
En el Tribunal Provincial de Artemisa se desarrolla la segunda vista del juicio a 13 residentes del territorio, acusados de múltiples delitos.
Los acusados son:
Javier González Fernández, con petición fiscal de 6 años de cárcel
Alexander Díaz Rodríguez, con petición fiscal de 6 años de cárcel
Yurien Rodríguez Ramos, con petición fiscal de 4 años de cárcel
Eduardo Bryan Luperon Vega, con petición fiscal de 4 años de cárcel
Eddy Gutiérrez Alonso, con petición fiscal de 12 años de cárcel
Víctor Alejandro Painceira, con petición fiscal de 12 años de cárcel
Yeremin Salcine, con petición fiscal de 14 años de cárcel
José Alberto Pio Torres, con petición fiscal de 6 años de cárcel
Leandro David Morales, con petición fiscal de 12 años de cárcel
Luis Giraldo Martínez, con petición fiscal de 10 años de cárcel
Iván Hernández Troya, con petición fiscal de 9 años de cárcel
Yoslen Domínguez, con petición fiscal de 9 años de cárcel
Yoselín Hernández, con petición fiscal de 5 años de cárcel
Desde el portal del tribunal de Artemisa, la comunicadora Eralidis Frómeta, señala que las autoridades han tratado de dividir a las familias de los enjuiciados.
“Mandaron a una de las madres de los manifestantes que está siendo juzgado en la sala, para provocar a las otras familias que se encuentran en el exterior del tribunal, con el argumento de que se estaba publicando, que estaba saliendo por los medios la información del juicio, claramente nos dimos cuenta que estaba enviada y manipulada por todos los militares que hay en el lugar”, expresó Frómeta.
Familiares de manifestantes del 11J impedidos de entrar al juicio en Artemisa denuncian farsa judicial. #EnCubaHayUnaDictadura #SOSCuba #EnCubaHayPresosPoliticos #11JCubahttps://t.co/tyZASG5mwg
— Nereida Zell 🇨🇺 (@NereidaZell) November 22, 2021
Leydi Laura, esposa de Víctor Alejandro Painceira, con petición fiscal de 12 años por varios delitos, advierte que la fiscalía solo muestra como pruebas un video, nada conclusivo, y sin evidencia claras.
“A mi esposo le están pidiendo seis años por el delito de atentado, tres por desacato y otros tres por desorden público, pero no tienen pruebas convincentes del atentado supuestamente cometido por mi esposo”, alertó.
Irma Ravelo, esposa de Yeremin Salcine, joven cristiano de 31 años de edad y sin antecedentes penales, con petición fiscal de 14 años de cárcel, comenta que no se le permitió entrar al tribunal para defender a su esposo, siendo ella uno de los testigos de la defensa.
“Ayer lunes la vista terminó después de las siete de la noche y continuará hoy, y los testigos que presentó la fiscalía, sus declaraciones no coincidían, es decir había contradicciones con lo que se ve en el video que también presentaron como evidencia, eso está más que claro, según dijeron los familiares que pudieron entrar al tribunal, entre estos mi suegra”, contó Irma.