La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, exigió a la Asamblea Nacional del Poder Popular, ANPP, “que la legislación sobre la protección de los derechos del ciudadano no se continúe postergando” y sea aprobada en un plazo que no exceda “la próxima sesión ordinaria”.
La ANPP de Cuba pospuso la aprobación de la Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, prevista en la Constitución de 2019 y en su cronograma legislativo.
En una declaración divulgada eL domingo, COCUDE, con sede en La Habana, recomienda que antes de la promulgación de dicha ley, se celebre “un proceso de consulta popular, amplio y democrático”.
Asimismo, la plataforma independiente, veladora de los derechos electorales y constitucionales de los cubanos, denunció que el cronograma para elaborar y aprobar las leyes complementarias de la Carta Magna, “se ha violado sistemáticamente” y un gran número de ellas han sido aplazadas, “algunas fundamentales para garantizar a la ciudadanía los derechos constitucionales”.
En las disposiciones transitorias de la Constitución, continúa COCUDE, se le dio a la Asamblea Nacional un plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de la Ley de Leyes, “para que aprobara las modificaciones legislativas requeridas que hicieran efectivo lo previsto en el artículo 99, referido a la posibilidad de los ciudadanos de acceder a la vía judicial para reclamar sus derechos cuando estos han sido vulnerados por los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados”.
Igualmente recuerda la entidad en su manifiesto que “plazo similar se le dio al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, para presentar ante la ANPP el proyecto de nueva Ley de los Tribunales Populares, así como las propuestas de Modificaciones a la Ley de Procedimiento Penal y a la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico”.
Estas legislaciones debían haber sido fijadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en octubre de 2020.
“Otros Cuerpos Legales, como la muy esperada ley de Protección Animal o la modificación del Código de Familia que reformula el espinoso concepto del matrimonio, siguen desatendidos mientras el reducido tiempo de consulta con que cuenta el Parlamento se ha visto ocupado en la aprobación de decretos y leyes” que solo interesan a funcionarios gubernamentales, señala COCUDE.
COCUDE asegura que ha comprobado que el principio de jerarquía en el ordenamiento jurídico cubano se viola sistemáticamente y que es ignorada la preeminencia de la Constitución con relación a las leyes que la complementan y a las restantes normas legales.
El comunicado, firmado por la directora de la Comisión Zelandia Pérez Abreu, concluye que “no se pueden ignorar derechos fundamentales y proclamar un Estado de Derecho. La mutilación de solo un derecho constitucional en normas inferiores anula la legalidad del sistema jurídico cubano”.