El Tribunal de Paz de Colombia imputó el miércoles a seis exmiembros de la cúpula de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por el reclutamiento forzoso de niños y otros crímenes cometidos en su contra como homicidios, tortura y violencia sexual.
El tribunal llamó a reconocer la responsabilidad por los crímenes a Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como "Timochenko" y quien fue el último máximo comandante de las FARC, antes de firmar un acuerdo de paz con el Estado en 2016.
También a Pastor Lisandro Alape, delegado de los excombatientes ante el Consejo Nacional de Reincorporación, y Julián Gallo Cubillos, actual senador por el partido político Comunes, formado por los exguerrilleros.
Tanto los imputados como las víctimas tienen un plazo máximo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar la primera imputación en la investigación sobre el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado.
Sin embargo, los seis imputados reconocieron el miércoles en un comunicado los "hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder".
También pidieron al tribunal aprobar un reconocimiento único de responsabilidad por múltiples delitos cometidos durante el conflicto y no caso a caso, como actualmente sucede.
Según el tribunal, las FARC reclutaron al menos a 18.677 niños entre 1971 y 2016 en todo el país.
El tribunal señaló en un comunicado que los imputados son responsables por sus "acciones y omisiones" durante su vida como guerrilleros y especialmente cuando ostentaron los máximos cargos de mando dentro de las FARC, participando en las conferencias guerrilleras en las que se solían definir las estrategias y políticas de los insurgentes.
"Conocieron directamente el curso de los hechos determinados y no tomaron las medidas requeridas para prevenir, contener y sancionar los crímenes de guerra determinados en este auto", indicó el tribunal.
Raúl Castro supervisó la firma del acuerdo de Paz en La Habana en el 2016, firmado por Juan Manuel Santos y "Timochenko".
En sus políticas las FARC prohibían el reclutamiento de menores de 15 años, sin embargo, el tribunal encontró que el 30% de las víctimas tenían 14 años o menos cuando fueron llevadas a las filas de la guerrilla. "Fue un fenómeno sistemático, no aislado ni esporádico", dijo.
"Mis 15 años la pasé en pleno operativo. Todo fue un sufrimiento allá, allá se ven las verdes y las maduras y uno se acostumbra", dijo en una de las audiencias reservadas una de las víctimas que fue reclutada por la guerrilla cuando tenía 13 años, cuya identidad fue protegida por el tribunal.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creada tras el acuerdo de paz con las FARC para investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante las cinco décadas en las que duró el conflicto armado. Ante el tribunal comparecen miles de guerrilleros, exintegrantes de la fuerza pública y civiles que estuvieron involucrados en el conflicto.
Según la JEP, los menores fueron reclutados en un 57% de los casos bajo amenazas o llevados a la filas a la fuerza y en menor medida bajo engaños —con ofrecimientos de comida, trabajo o estudio— o convenciéndolos de unirse a la lucha guerrillera. Los menores hacían parte de las tropas que se internaban en las selvas o de las milicias que operaban en poblaciones urbanas.
Cuando llegaban a los campamentos guerrilleros, los menores eran sometidos al rigor de los entrenamientos para el combate y la aplicación de un régimen disciplinario, un entorno "de coacción" que derivó en "sufrimientos físicos y psicológicos, malos tratos e incluso suicidios y homicidios", señaló el tribunal.
Las niñas y los menores con identidad sexual diversa padecieron malos tratos y fueron víctimas de violencia, de acuerdo con la investigación.
"En la vida intra filas, las niñas sufrieron anticoncepción forzada, aborto forzado y malos tratos derivados de estos procedimientos y, en algunos casos, el asesinato y la desaparición de sus hijos e hijas recién nacidos o su entrega forzada a otras familias", afirmó el tribunal.
Las antiguas FARC ordenaron desde 1993 la aplicación obligatoria de métodos anticonceptivos como una forma de evitar que disminuyeran sus tropas y no se pusiera en riesgo su seguridad en la clandestinidad. Cuando el control de natalidad fallaba por alguna razón, las embarazadas podían ser sometidas a abortos forzados, según la JEP.
El tribunal también encontró que al interior de las filas de las FARC hubo violencia sexual hacia los menores de edad, pese a que estaba prohibida en las políticas formales de la guerrilla.
"Niños y niñas sufrieron violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas, desnudez forzada y otros actos sexuales violentos. Estas violencias ocurrieron de manera sistemática y frecuente en diversos territorios", indicó el tribunal.
La magistratura aclaró que por esos crímenes de violencia sexual los exjefes de las FARC fueron imputados por omisión y no por autoría material.
La JEP atendió a 1.000 víctimas en audiencias reservadas durante la investigación, entre ellas sobrevivientes y familiares de niños que desaparecieron tras ser reclutados.
En la búsqueda de los desaparecidos, el tribunal indicó que han recuperado 47 cuerpos en la zona rural de Caquetá, un departamento al sur del país, de los cuales han identificado y entregado los cuerpos de seis víctimas de reclutamiento forzado y dos menores de 18 años que murieron "de manera violenta".