El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) le concedió este miércoles otros quince días de plazo al Gobierno brasileño para que explique el supuesto maquillaje en sus cuentas de 2014, una aparente irregularidad con la que la oposición quiere justificar un juicio con fines de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff.
Rousseff ya había recibido 15 días adicionales el 12 de agosto para responder a nueva evidencia presentada por fiscales de la corte, un plazo que vence este viernes.
El instructor del proceso en el tribunal, magistrado Augusto Nardes, afirmó en declaraciones a periodistas que el órgano aceptó la petición por tratarse de un asunto de importancia que merece ser bien explicado y para evitar que el Gobierno presente un recurso que pueda alargar aún más el caso.
"Somos conscientes de que la sociedad brasileña espera el parecer definitivo sobre las cuentas de la presidenta y se impacienta, como nosotros, con los sucesivos aplazamientos", admitió el magistrado antes de admitir que la concesión de un nuevo plazo generó una división entre los miembros del tribunal.
La acusación de un fiscal del TCU de que Rousseff retrasó 40.000 millones de reales (11.500 millones de dólares) en pagos sociales para artificialmente reforzar las cuentas fiscales es considerado el principal argumento para un posible rechazo del presupuesto, dicen expertos legales.
Un rechazo al presupuesto podría darle a sus opositores un respaldo legal para buscar el juicio político de la presidenta por violar la ley de responsabilidad fiscal, según los expertos.
Los sectores de la oposición que defienden la apertura de un juicio político con fines de destitución contra Rousseff dependen de que algún tribunal u órgano de fiscalización identifique alguna irregularidad cuya responsabilidad pueda ser atribuida directamente a la jefe de Estado.
Estos sectores consideran que esa justificativa puede ser ofrecida por el TCU en caso de que concluya que el Gobierno "maquilló" las cuentas públicas del año pasado para no violar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Rousseff, cuya popularidad está en mínimos históricos, enfrenta una grave crisis política que generó disidencias entre los partidos oficialistas y que se agravó con el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, que ha salpicado a decenas de políticos que apoyan a la mandataria.
El pasado 17 de junio, el TCU pidió explicaciones sobre trece puntos cuestionados de la última prestación de cuentas, entre ellos el de reducir el corte de gastos públicos en octubre del año pasado, mes en el que se celebraron las elecciones presidenciales, legislativas y regionales.
El Tribunal también pidió que el Gobierno explique por qué en los dos últimos años retrasó "sistemáticamente" el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales en un año electoral.
En la práctica, según los fiscales del tribunal, esas instituciones realizaron préstamos al Estado, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). El Gobierno alega que los atrasos en el envío de recursos a los
bancos públicos son un "procedimiento común" que ya había sido adoptado por los entonces presidentes Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-20109), los antecesores de Rousseff.