El martes en la mañana, tres presas políticas recluidas en el penal de Mujeres de Occidente, en El Guatao, La Lisa, condenadas por su participación en las protestas populares del 11J, se declararon en protesta en reclamo de derechos.
Se trata de Lizandra Góngora Espinosa, quien cumple 14 años de condena por su participación en las protestas populares en Güira de Melena, provincia de Artemisa, y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, condenadas a siete y tres años de prisión por participar en las protestas en Quivicán, Mayabeque.
Lee también Alertan sobre agravamiento de salud en 15 presos políticos y una decena de huelguistas de hambreLas tres opositoras son miembros de la organización disidente Partido Republicano de Cuba y cumplen sentencia en el centro penitenciario, considerado la mayor cárcel de mujeres en la isla.
La confirmación de la huelga la hizo Góngora Espinosa, en comunicación telefónica con su familia, el lunes en la noche. “Yo tomo la decisión de que el 20 de septiembre de 2022 en la mañana, entrego mi uniforme de presa común, y me vestiré de blanco para ser oficialmente una presa política en su totalidad. Un fuerte abrazo de resistencia”, dijo la opositora y madre de cinco pequeños.
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En la misma llamada, Angélica Garrido reiteró sus convicciones: “Firme y fuerte, oíste. Cuida a los niños”.
Por su parte, desde Quivicán, Luis Rodríguez Pérez, el esposo de Angélica, insistentemente se mantiene llamando este miércoles al puesto de mando de la prisión, sin tener éxito, y durante el día se presentará allí para intentar conocer sobre el estado de las tres opositoras.
“Realmente, fue algo inesperado, me tomó por sorpresa, pero ellas tres se pusieron de acuerdo, no es huelga de hambre total, sino que se rehúsan al uso del uniforme de presos comunes en la prisión, y también a continuar conviviendo con reos comunes. Además se niegan a ingerir los alimentos del penal, solo consumirán la comida que reciben de sus familiares. Ellas son presas políticas, no han cometido delito alguno y por tanto tomaron esta decisión que tendrá consecuencias", dijo el esposo.
"Esto no es tan fácil así, porque ahora las ponen 10 días en celdas de castigo por plantarse, así es el reglamento de prisiones, y en esa condición no pueden recibir sus alimentos, no tienen visita y no se pueda pasar nada para allí”, alertó.
Mientras tanto, el esposo de Lizandra, Ángel Delgado, explica las razones que la llevaron a ella para iniciar este reclamo.
“Ella me dijo que ya tomó esa decisión porque a ella la tienen que tratar como presa política, no como presa común, y que todos esos delitos por los que las condenaron fueron fabricados por la seguridad del estado, algo que se demostró en el juicio. También reclaman que se acaben los abusos, la suspensión continua de visitas y pabellón, sumado a la cantidad de años de cárcel que le impusieron a Lizandra con cinco niños menores, entonces ella no está de acuerdo con nada de eso y por tanto decidió plantarse”, explicó Delgado.