La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó este miércoles que las investigaciones del Ministerio Público determinaron que el joven Juan Pernalete fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Altamira.
Ortega ofreció este miércoles una rueda de prensa en la cual mostró a modo de ejemplo el tipo de artefacto con el que Pernalete fue impactado. La víctima sufrió un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax.
Pernalete tenía 20 años y fue asesinado el 26 de abril en Altamira, cuando se manifestaba en contra del gobierno de Nicolás Maduro. El joven ingresó sin signos vitales a Salud Chacao.
La fiscal aseguró que tienen cinco testigos del hecho y que está identificado el grupo responsable de hacer el disparo. En los próximos días se sabrá quién es el responsable directo.
Ortega recordó que la normativa nacional e internacional prohíbe que las bombas lacrimógenas sean arrojadas a quemarropa. "Es imprescindible y necesario que los funcionarios de seguridad actúen acorde a las normativas".
Sus declaraciones desmienten a Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, y a Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, quienes aseguraron que Pernalete habría sido asesinado con una pistola de perno. Asimismo lo dicho por el diputado Diosdado Cabello, quien aseguró que la GNB no estaba en el lugar cuando asesinaron al estudiante de la Universidad Metropolitana. El diputado por el PSUV también dijo que a Pernalete lo habían asesinado "ellos mismos", en referencia a los manifestantes opositores.
"Se han recibido testimonios importantes en diversos sectores del país donde antes de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en materia de orden público se ven grupos de personas armadas, en actitudes violentas, propiciando que se alteren los ánimos", dijo la Fiscal.
Ortega precisó que existen 16 investigaciones abiertas "contra grupos civiles armados al margen de la ley", y se dijo preocupada por "la proliferación" de estas asociaciones, por lo que consideró "necesario" el desarme de la población.
Citó el caso de una protesta estudiantil en el sector La Pastora, en el oeste de Caracas, donde un grupo de civiles armados, aseguró, amenazó con pistola a los manifestantes, aunque no ofreció mayores detalles del hecho.
La Fiscal realizó un balance sobre la actuación del MP desde el pasado 6 de abril en medio de la ola de protestas y explicó que de las 55 víctimas mortales 52 eran civiles y 3 funcionarios policiales y militares, mientras que de los 1.000 lesionados registrados 771 son civiles y 229 uniformados.
Asimismo, cifró en 364 los bienes inmuebles públicos y privados que han sido "saqueados o quemados", lo que condenó pues, afirmó, ha dejado "pérdidas incalculables" y acentuará la escasez de alimentos y productos básicos que se vive en la nación sudamericana.
"Tenemos denuncias de funcionarios policiales y militares saqueando", prosiguió Ortega, que denunció la inacción de los efectivos de la fuerza pública ante saqueos y las "situaciones irregulares" que se registraron esta semana en el estado Barinas y que se saldaron con siete fallecidos.
Indicó que se han abierto 1.475 investigaciones por hechos relacionados con la crispación social y política y especificó que de ese total 1.329 son por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad. Afirmó además que 2.674 personas han sido imputadas por delitos comunes en las últimas ocho semanas, pero lamentó que apenas 284 hayan resultado privadas de su libertad.
Las declaraciones de la Fiscal estaban pautadas a las 11:00 am desde la sede del Ministerio Público (MP), pero hubo un apagón en varias zonas de Caracas y se reubicó el sitio del encuentro con la prensa.
"Preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por derechos fundamentales, eso significa que más de la mitad de las personas que han sido lesionadas, han sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado", sostuvo.
Por último, llamó a "no estigmatizar" a los ciudadanos por su
vestimenta, al mencionar el caso de un hombre que fue“apuñalado y quemado" por supuestamente haber manifestado su preferencia política en medio de una manifestación adversa en la localidad de Altamira, en el este de Caracas.
La fiscal aseguró además que el Ministerio Público investiga siete casos "por uso de justicia militar en casos que corresponden a la justicia ordinaria", y pidió comprobar el estado de salud de esos detenidos.
Según la ONG Foro Penal, 161 civiles han sido encarcelados por órdenes de la justicia militar.
(Redactado por Pablo Alfonso, EFE, AFP, El Nacional de Caracas y redes sociales)