Se estima que se han producido 3.019 detenciones en solo cuatro meses.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo el jueves en su programa radial "En sintonía con el Ministerio Público" que está evaluando endurecer su posición frente a quienes participen en acciones callejeras, en particular contra quienes las lideran.
"Se ha venido aprehendiendo a un conjunto de personas y les dan medidas cautelares. Bueno vamos a tener que profundizar las investigaciones y mantener a estas personas, sobre todo las que aparezcan como responsables y líderes de estas acciones, en los centros de reclusión para que respondan ante la justicia y la colectividad sienta que las instituciones están dando respuesta", amenazó la jefa del Ministerio Público en el programa que todos los jueves conduce por Radio Nacional de Venezuela (RNV).
Ortega Díaz precisó que el Ministerio Público lleva 160 investigaciones dos por homicidio consumado, dos por tortura y 156 casos por trato cruel.
Hasta ahora hay 12 funcionarios privados de libertad, 3 con medidas cautelares y una orden de aprehensión pendiente por ejecutar. Agregó que ya fueron acusadas 6 personas en materia de derecho fundamentales, 1 por homicidio calificado y 5 por trato cruel, además fueron solicitados 12 sobreseimientos.
Un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) considera que la enorme cantidad de detenciones que luego terminan en procesos penales refleja la instrumentalización de la justicia para convertir en delitos derechos constitucionales como la protesta.
Dicha entidad estima que se han producido 3.019 detenciones en solo cuatro meses.
El abogado Gonzalo Himiob, miembro de la organización humanitaria local Foro Penal -que representa a los estudiantes arrestados- dijo el jueves a The Associated Press que, de las 105 personas arrestadas la víspera, ya fueron liberadas unas 27, de las cuales 11 son menores de edad y el resto mujeres.
En entrevista telefónica, Himiob indicó que se desconocen los delitos de los que podrían ser acusados los jóvenes, lo cual no se sabrá "hasta que no lleguen a tribunales". Dijo desconocer la razón por la cual las autoridades liberaron a las 16 mujeres que estaban dentro del grupo de detenidos.
Los 78 jóvenes arrestados fueron trasladados la tarde del jueves desde una instalación de la Guardia Nacional, donde estaban recluidos, hasta el Palacio de Justicia, en el centro de la capital, para ser presentados en las próximas horas ante el juez que lleva el caso, indicó Gabriela Ramos, miembro del equipo de abogados que está defendiendo a los universitarios arrestados.
Varias decenas de guardias nacionales se colocaron en los alrededores del Palacio de Justicia y bloquearon los accesos a la edificación con dos camiones antimotines, los cuales cuentan con grandes planchas de metal en la parte delantera en prevención de posibles disturbios.
Alfredo Graffe, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la estatal Universidad Simón Bolívar de Caracas, dijo que los arrestos de estudiantes "son golpes muy duros en la emotividad" del movimiento de los alumnos, pero descartó que esa acción vaya a amilanar a los jóvenes.
El jueves por la tarde se registró un nuevo choque violento entre manifestantes y los cuerpos policiales en Terrazas del Ávila, una barriada de clase media del este de Caracas. Unos 50 jóvenes enmascarados lanzaron piedras y cócteles molotov a agentes de la policía, quienes respondieron con balas de plástico y gases lacrimógenos para dispersarlos. No se reportaron de inmediato heridos o detenidos.
El dirigente estudiantil negó que la asistencia de universitarios a las protestas haya bajado por efecto de la represión de las autoridades y el aumento de las detenciones, y dijo que el descenso en la convocatoria se debe al "desgaste, el cansancio, la repetitividad de actividades" luego de tres meses de acciones.
A principios de la semana, la coalición opositora decidió congelar el proceso de diálogo con el gobierno que comenzó en abril, en rechazo por las recientes acciones de las autoridades contra una marcha de universitarios y por el desmontaje de los cuatro campamentos opositores.
Andrés Velásquez, diputado del partido opositor La Causa R, dijo a la AP que los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática -una coalición de partidos opositores al gobierno- esperan reunirse el domingo con los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador para exponerles los planteamientos que llevaron a la alianza opositora a suspender las conversaciones con las autoridades.
Los violentos incidentes ocurridos en el país desde febrero han dejado 42 muertos, 835 heridos y más de 2.600 detenidos, de los cuales 252 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
"Se ha venido aprehendiendo a un conjunto de personas y les dan medidas cautelares. Bueno vamos a tener que profundizar las investigaciones y mantener a estas personas, sobre todo las que aparezcan como responsables y líderes de estas acciones, en los centros de reclusión para que respondan ante la justicia y la colectividad sienta que las instituciones están dando respuesta", amenazó la jefa del Ministerio Público en el programa que todos los jueves conduce por Radio Nacional de Venezuela (RNV).
Ortega Díaz precisó que el Ministerio Público lleva 160 investigaciones dos por homicidio consumado, dos por tortura y 156 casos por trato cruel.
Hasta ahora hay 12 funcionarios privados de libertad, 3 con medidas cautelares y una orden de aprehensión pendiente por ejecutar. Agregó que ya fueron acusadas 6 personas en materia de derecho fundamentales, 1 por homicidio calificado y 5 por trato cruel, además fueron solicitados 12 sobreseimientos.
Un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) considera que la enorme cantidad de detenciones que luego terminan en procesos penales refleja la instrumentalización de la justicia para convertir en delitos derechos constitucionales como la protesta.
Dicha entidad estima que se han producido 3.019 detenciones en solo cuatro meses.
Mientras, setenta y ocho jóvenes arrestados tras una protesta callejera en la capital venezolana fueron trasladados el jueves a los tribunales, parte de una privación de la libertad que los universitarios consideran un golpe al movimiento estudiantil opositor.
El abogado Gonzalo Himiob, miembro de la organización humanitaria local Foro Penal -que representa a los estudiantes arrestados- dijo el jueves a The Associated Press que, de las 105 personas arrestadas la víspera, ya fueron liberadas unas 27, de las cuales 11 son menores de edad y el resto mujeres.
En entrevista telefónica, Himiob indicó que se desconocen los delitos de los que podrían ser acusados los jóvenes, lo cual no se sabrá "hasta que no lleguen a tribunales". Dijo desconocer la razón por la cual las autoridades liberaron a las 16 mujeres que estaban dentro del grupo de detenidos.
Los 78 jóvenes arrestados fueron trasladados la tarde del jueves desde una instalación de la Guardia Nacional, donde estaban recluidos, hasta el Palacio de Justicia, en el centro de la capital, para ser presentados en las próximas horas ante el juez que lleva el caso, indicó Gabriela Ramos, miembro del equipo de abogados que está defendiendo a los universitarios arrestados.
Varias decenas de guardias nacionales se colocaron en los alrededores del Palacio de Justicia y bloquearon los accesos a la edificación con dos camiones antimotines, los cuales cuentan con grandes planchas de metal en la parte delantera en prevención de posibles disturbios.
Alfredo Graffe, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la estatal Universidad Simón Bolívar de Caracas, dijo que los arrestos de estudiantes "son golpes muy duros en la emotividad" del movimiento de los alumnos, pero descartó que esa acción vaya a amilanar a los jóvenes.
El jueves por la tarde se registró un nuevo choque violento entre manifestantes y los cuerpos policiales en Terrazas del Ávila, una barriada de clase media del este de Caracas. Unos 50 jóvenes enmascarados lanzaron piedras y cócteles molotov a agentes de la policía, quienes respondieron con balas de plástico y gases lacrimógenos para dispersarlos. No se reportaron de inmediato heridos o detenidos.
El dirigente estudiantil negó que la asistencia de universitarios a las protestas haya bajado por efecto de la represión de las autoridades y el aumento de las detenciones, y dijo que el descenso en la convocatoria se debe al "desgaste, el cansancio, la repetitividad de actividades" luego de tres meses de acciones.
A principios de la semana, la coalición opositora decidió congelar el proceso de diálogo con el gobierno que comenzó en abril, en rechazo por las recientes acciones de las autoridades contra una marcha de universitarios y por el desmontaje de los cuatro campamentos opositores.
Andrés Velásquez, diputado del partido opositor La Causa R, dijo a la AP que los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática -una coalición de partidos opositores al gobierno- esperan reunirse el domingo con los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador para exponerles los planteamientos que llevaron a la alianza opositora a suspender las conversaciones con las autoridades.
Los violentos incidentes ocurridos en el país desde febrero han dejado 42 muertos, 835 heridos y más de 2.600 detenidos, de los cuales 252 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.