La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) anunció este lunes que respalda las demandas de la sociedad civil cubana de que los procesos judiciales a los manifestantes del 11 de julio sean cubiertos por la prensa oficial y por las agencias de comunicación extranjeras destacadas en la Isla.
“Los juicios que están teniendo lugar en Cuba, en un estilo medieval y opaco, con unas sentencias servidas de manera arbitraria y con condenas excesivas, deben ser plenamente transparentes. Si el gobierno cubano quiere comportarse como un rufián, que lo haga frente a las cámaras de televisión y radio nacionales y que permita la presencia de los más de 75 medios de prensa acreditados en Cuba”, indicó Juan Antonio Blanco, director de la entidad con sede en Miami.
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Yolanda Huerga entrevistó a Juan Antonio Blanco, director de la FDHC
Activistas cubanas como Saily González Velázquez, de Santa Clara, y Salomé García Bacallao, residente en España, iniciaron hace pocos días una campaña en las redes sociales con el objetivo de que la agencia española EFE cubra los juicios a participantes en las protestas antigubernamentales.
Asimismo, debe acceder a la presencia de “los diplomáticos extranjeros acreditados en Cuba que tengan interés por estar en algunos de esos juicios”, apuntó el directivo de la FDHC.
Lee también En audiencia rodeada de policías y militares inicia juicio a manifestantes del 11J en Santa Clara“El gobierno cubano, cuando comenzó la revolución, hizo algunos juicios que eran, verdaderamente, circos romanos que se celebraron en la ciudad deportiva y en lugares públicos ¿cuál es el temor que tiene ahora a ser transparente y permitir que su propia prensa esté presente?, cuestionó Blanco.
“Que el pueblo pueda ver la forma en que se comportan los fiscales, los jueces. La defensa que hacen los abogados. Las alegaciones que presentan los acusados. Transparencia. Eso es un derecho internacional. Queremos transparencia completa y plena de los juicios”, recalcó.
Lee también A juicio este martes 21 manifestantes holguineros con peticiones fiscales entre 15 y 30 años de cárcelEn un comunicado, la Fundación señala que continúa sus investigaciones sobre los jueces y fiscales involucrados en los enjuiciamientos del 11J.
“Los datos públicos y personales serán puestos a disposición del Departamento de Estado de los Estados Unidos, las instancias correspondientes del Parlamento Europeo, así como de otros gobiernos y entidades internacionales que condenan los delitos en los que incurren estos acusadores al servicio de la dictadura cubana y que son violatorios del propio Código Penal cubano, así como de tratados internacionales”, concluye el comunicado.