Las autoridades cubanas cerraron más de un centenar de negocios privados en una semana y recaudaron casi un millón de pesos en multas, según datos oficiales.
Entre el 17 y el 23 de agosto los inspectores realizaron 58 decomisos y 773 ventas forzosas de productos. Además, cerrarron 171 establecimientos y ejecutaron 2.772 acciones de fiscalización con un importe de 886.314.000 pesos.
Las causas, dijeron, se centraron fundamentalmente en la comercialización de productos sin los precios, no mostrar la licitud de las materias primas, no exhibir los códigos QR de las pasarelas y emplear personal sin contratos.
El Gobierno aprobó nuevas normativas encaminadas a ejercer un mayor control sobre las formas de gestión no estatal, que incluye a las pequeñas, medianas y grandes empresas, las cooperativas no agropecuarias y a los trabajadores por cuenta propia.
El decreto ley, que entrará en vigor el 19 de septiembre próximo, contempla severas multas, cancelación de licencias y cierre de negocios a quienes violen las regulaciones impuestas. En algunos casos, explica el documento, podría conllevar a la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia en la isla.
Lee también ¿Qué consecuencias tendrá el tope de precios en Cuba? Esto dicen los economistasLa prensa oficial ha publicado en los últimos meses reportes sobre las llamadas "acciones de control" que iniciaron tras imponer un tope de precios a media docena de productos de primera necesidad.
Desde entonces, muchos de esos productos han desaparecido del mercado, según testimonios de cubanos recogidos por Martí Noticias.
"Las autoridades cubanas se empecinan en desconocer las leyes de la economía y de los mercados", apuntó recientemente a nuestra redacción el economista Mauricio de Miranda.
"Cuando se le impone a los vendedores un precio inferior al que se establecería a partir de las condiciones del mercado, y este no resulta remunerativo, podría preferir retirarse... El resultado de imponer precios inferiores a los que funcionarían en un mercado normal es la escasez", dijo.
El nuevo marco legal dirigido al sector privado añade trámites al proceso de apertura de un negocio y engrosa la lista de actividades prohibidas.