La esperada norma que otorgará la nacionalidad española a determinados casos excluidos en 2007, fue aprobada el martes por el gobierno de España. Ahora deberá pasar el trámite parlamentario en el Congreso y el Senado.
La nueva Ley de Memoria Democrática —su nombre oficial— declarará nulas las condenas dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura, prohibirá la apología del franquismo e ilegalizará a las organizaciones que exalten el golpe de Estado de 1936 y al régimen de Francisco Franco, entre otras medidas.
El texto reconocerá el derecho a la nacionalidad española en dos nuevos supuestos, un apartado conocido popularmente en Cuba como "ley de nietos".
Your browser doesn’t support HTML5
Ley de Nietos en España pudiera beneficiar hasta 300000 cubanos
"Los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y, por tanto, perdieron la nacionalidad, podrán optar a la nacionalidad española. Y también los hijos mayores de edad de aquellos a los que ya se dio la opción en la ley de 2007, y que solo afectó a los menores. Ahora abrimos la posibilidad a los hijos mayores de edad", explicó en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
En relación con 2007, es un avance que "los hijos mayores [de edad] que se quedaron fuera de la primera ley, podrán optar por la nacionalidad española. Esto, como sabemos, creó grandes divisiones en las familias", opina Ferrán Núñez, director del portal EspañolesdeCuba.info.
"Probablemente se introduzcan algunas enmiendas", pero "está en el buen camino, porque la han aprobado los propios socialistas, que la torpedearon la vez anterior", explica Núñez.
En una entrevista reciente, José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, cónsul general de España en La Habana, fijó en el tercer trimestre de 2021 la finalización de los expedientes de nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica de 2007.
"Habrá supuesto calificar casi 200.000 expedientes en los últimos 11 años. Actualmente, quedan 22.500", dijo entonces el funcionario.
En Cuba, las personas beneficiarias de la nueva ley podrían llegar a las 300.000, según datos calculados "conservadoramente" por Ferrán Núñez.