En el barrio marginal La Cañona, ubicado cerca de un manglar en el poblado costero de Antilla, en Holguín, hace varios años decenas de familias ocuparon ilegalmente un manglar y construyeron rústicas viviendas.
Una de las residentes del lugar, Isabel Suárez Bueno, de 53 años de edad, con carnet de identidad No. 67081606733, vive allí desde hace ochos años al límite de la indigencia, y es la única vecina que aún no tiene servicio eléctrico.
Lee también Denuncian ante ONU y OEA desalojo a madres solteras en Santiago de las Vegas (VIDEO)Suárez Bueno padece de enfisema pulmonar por la exposición, durante años, al humo que produce la leña que utiliza para la cocción de alimentos. En entrevista con los activistas del grupo opositor Cuba Independiente y Democrática (CID), Braulio Hastié y Esber Rafael Ramírez, dijo sentirse abandonada por las instituciones del Estado.
"Yo llegué a la vivienda de Isabel y es doloroso ver la situación. Dan ganas de llorar ver cómo vive esta mujer. Ella tiene agua, pero no le quieren poner la corriente, y entonces está cocinando con leña. Hace ocho años está enferma", dijo Hastié a Radio Martí.
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Testimonio del activista de la CID, Braulio Hastié
Detrás de la vivienda de Suárez Bueno hay un manglar. "Los mosquitos se la comen. Tuve que regalarle una botella de luz brillante (queroseno) para los candiles, porque no tiene con qué alumbrarse", añadió el activista.
Según Hastié, la señora Suárez Bueno ya acudió a las máximas instancias del gobierno local, pero que todo el caso se paraliza porque hay una orden en su contra, emitida por el Director Municipal de Planificación Física, Félix Manuel Pérez Jardines, de no ponerle la electricidad como una medida de presión para que abandone la vivienda.
Suárez Bueno también pidió ayuda a la delegada del Poder Popular, quien dirigió la queja a la alcaldesa de Antilla, Ana Rafaela Hernández, pero la funcionaria dijo "que el caso de Isabel no tenía solución", explicó Hastié.
La orden de Pérez Jardines contra la mujer, y la falta de respuesta de las autoridades municipales -concluye el activista- es un castigo por haber denunciado su caso a la disidencia en varias oportunidades durante estos años.