El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) contabilizó al menos 508 agresiones contra periodistas en la isla durante el 2022.
En el informe “Balance Parcial 2022, Hechos violatorios a la Libertad de Prensa en Cuba”, la organización independiente señala que la criminalización a la libertad de expresión y prensa está institucionalizada en la isla.
“El Estado fue el principal agresor contra la libertad de prensa” durante 2022, y las detenciones arbitrarias sin orden judicial fueron “el principal método de control”, afirma el reporte.
El ICLEP contabilizó 208 detenciones arbitrarias, 149 restricciones en el espacio digital, 101 amenazas, 39 casos de abuso del poder del Estado y 8 agresiones físicas a comunicadores. También se mantuvieron las limitaciones a la libertad de movimiento o “regulaciones”, que impiden a los comunicadores desplazarse libremente y viajar al exterior.
“En este último caso, muchos de los comunicadores largamente 'regulados' salieron del país de manera definitiva durante 2022. El Estado marxista cubano usó las restricciones a la libertad de movimiento, sumado a un constante asedio, como herramienta de presión para el exilio forzoso”, subraya el informe.
En el caso de los comunicadores cubanos en prisión, el ICLEP destaca el caso del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, encarcelado desde el 2021, y sentenciado en 2022 a cinco años de prisión por los supuestos delitos de "propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia".
Sigue también tras las rejas el influencer Yoandi Montiel, “El Gato de Cuba”, condenado a dos años de privación de libertad por el supuesto delito de “desacato”, tras publicaciones en redes sociales contra el régimen cubano y su gobernante, Miguel Díaz-Canel.
El comunicador independiente José Antonio López Piña, bajo medida cautelar de prisión domiciliaria por reportar en las redes sociales sobre el levantamiento popular del 11 de julio de 2021 en varias ciudades de la isla, también es considerado por el ICLEP un "periodista preso".
En sus conclusiones, el informe señala que el periodismo independiente en Cuba ha quedado "debilitado", y lamentó el caso de comunicadores que han renunciado públicamente a su labor por presión directa de la policía política, o han optado por el exilio.
"La efectividad del terror impuesto por el régimen cubano durante y posterior a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J), provocó en el 2022 el aumento de la autocensura, la renuncia de periodistas a ejercer la profesión y un éxodo de comunicadores nunca registrado”, detalla.
El reporte menciona la entrada en vigor, en diciembre pasado, d eun nuevo Código Penal en la isla que criminaliza la labor de los comunicadores independientes y "sanciona con penas de hasta diez años de cárcel a quienes practiquen con financiamiento extranjero la libertad de expresión y prensa dentro de la isla".
El ICLEP llama la atención, además, sobre la inminente aprobación del proyecto de Ley de Comunicación Social, que mantiene en la ilegalidad a los medios independientes al reconocer el poder único del Estado sobre los medios de prensa.
La organización concluye que hacer periodismo independiente en la isla es "un camino al calvario, un Vía Crucis”, donde los que no se doblegan ante la represión “terminan afectados psicológicamente por tanta represión, tras las rejas o exiliados".