La ley propuesta en Nicaragua por el presidente Daniel Ortega y aprobada por la Asamblea Nacional el 21 de diciembre tiene, según informa Human Rights Watch (HRW), la intención de impedir la participación de candidatos de la oposición en las elecciones presidenciales convocadas para 2021.
En el informe, HRW exhorta los estados miembros de la OEA y de la Unión Europea a “condenar de inmediato esta ley, que amenaza los derechos de los nicaragüenses a postularse a cargos públicos y a votar en elecciones libres y justas”.
De acuerdo con esta ley, los considerados “traidores a la patria” no podrían presentar sus candidaturas a ningún cargo público y, además, los términos empleados para definir a los “traidores a la patria” son imprecisos y planteados de manera ambigua tal como "los que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación”, y también, quienes “lesionen los intereses supremos de la nación”.
“Cumpliendo con los caprichos de Ortega, la Asamblea nicaragüense ha aprobado una ley que podría ser utilizada para calificar a los opositores como ‘traidores a la patria’, e impedirles que se postulen a las próximas elecciones de 2021”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Con esta ley hay muy pocas esperanzas, si es que alguna, de que se celebren elecciones libres en Nicaragua”.
El proyecto de ley fue presentado a la Asamblea de “manera urgente” el pasado 18 de diciembre por Ortega, quien ocupa el cargo desde el año 2007, y se aprobó con apenas modificaciones superficiales en un debate único, entrando en vigor el 22 de diciembre.
Según lo establecido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Nicaragua, los derechos políticos están reglamentados por leyes que explican que se regularán los derechos “de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en un proceso penal”.
De igual modo el Pacto Internacional de Derechos Civiles en su artículo 25, contempla el derecho de cada ciudadano, “sin restricciones indebidas", a “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; a votar y ser elegidos” y “a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
En el informe, HRW hace también referencia a la ley sobre “agentes extranjeros”, que exige a miembros de organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos desde el exterior, a registrarse como “agentes extranjeros”, lo cual les impide aspirar a participar en la vida pública del país y ocupar cargos públicos hasta un año después de que hayan dado de baja a su organización y el gobierno tenga constancia de que ya no reciben financiamiento desde el exterior.
“Al generar condiciones desiguales e injustas para las elecciones de 2021, el gobierno cercena los derechos de todos los nicaragüenses a participar en elecciones libres y justas”, dijo Vivanco. “Luego de 13 años consecutivos en la presidencia, Ortega parece decidido a quedarse en el poder, incluso a costa de los derechos fundamentales de los nicaragüenses”.