El régimen cubano cometió violaciones sistemáticas de derechos humanos en respuesta a las protestas masivas de julio de 2021 con el aparente objetivo de castigar a los manifestantes y disuadir futuras protestas, señaló Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este lunes, en el aniversario de las manifestaciones.
El informe de 37 páginas, “Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba”, documenta un gran número de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, incluyendo detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos y tortura.
“La represión del gobierno y su falta de interés por abordar las causas subyacentes que llevaron a los cubanos a las calles, incluyendo el acceso limitado a alimentos y medicamentos, han generado una crisis de derechos humanos que ha causado un aumento drástico en el número de personas que huyen del país”, indicó HRW.
“Hace un año, miles de cubanos y cubanas protestaron exigiendo derechos y libertades, pero a muchos de ellos el régimen solo les dio dos opciones: la prisión o el exilio”, dijo Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos de América Latina y Europa deben aumentar urgentemente su escrutinio sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba y priorizar una respuesta coordinada y multilateral antes de que esta crisis se agrave”.
El informe explica que el 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles en las manifestaciones más multitudinarias contra el gobierno a nivel nacional desde la revolución de 1959. Estas protestas, abrumadoramente pacíficas, surgieron en reacción a las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19.
Human Rights Watch entrevistó a más de 170 personas ubicadas en Cuba, incluyendo víctimas de abusos, sus familiares y abogados. Human Rights Watch también revisó documentos judiciales y corroboró fotografías y videos enviados directamente a los investigadores o publicados en redes sociales. Miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura (IRCT), una organización internacional integrada por reconocidos expertos forenses, emitieron dictámenes periciales sobre algunas evidencias de abusos.
“Poco después del inicio de las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel instó a los simpatizantes del gobierno y las fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia. ‘Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la Revolución’, manifestó. ‘La orden de combate está dada’”, indicó HRW.
Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió durante las manifestaciones, al parecer como resultado del accionar de la policía. La organización cubana de derechos humanos Cubalex reporta que más de 1.400 personas fueron detenidas, incluyendo más de 700 que siguen privadas de la libertad.
Los funcionarios de las fuerzas de seguridad detuvieron de forma reiterada a personas que protestaban de manera pacífica, arrestaron a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones o les prohibieron salir de sus casas durante días o semanas, precisó HRW.
En la mayoría de los casos documentados, los detenidos permanecieron incomunicados durante días, semanas y a veces meses, sin poder hacer llamadas telefónicas ni recibir visitas de sus familiares o abogados. Algunos fueron golpeados, obligados a hacer sentadillas desnudos o sometidos a maltratos, incluyendo privaciones del sueño y otros abusos, que en algunos casos constituyen tortura, señaló el informe.
“Los tribunales cubanos han ratificado las sentencias en contra de más de 380 manifestantes y transeúntes, incluyendo varios niños y niñas. Muchos juicios tuvieron lugar en tribunales militares, en violación el derecho internacional. Numerosos manifestantes fueron procesados por sedición y condenados a penas de prisión desproporcionadas de hasta 25 años por su presunta participación en incidentes violentos, tales como arrojar piedras durante las protestas”, dice el documento.
Además, los fiscales “enmarcaron acciones como protestar pacíficamente o insultar al presidente o a la policía, que constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y asociación, como conductas delictivas. Muchos manifestantes y transeúntes fueron condenados en base a evidencias poco confiables o sin corroborar, tales como declaraciones exclusivamente de miembros de las fuerzas de seguridad o supuestas huellas de olor de los acusados encontradas en piedras”.
Las víctimas y sus familiares dijeron que agentes de las fuerzas de seguridad los intimidaron repetidamente, en algunos casos obligándolos a abandonar el país.
El informe cita el caso de Orelvys Cabrera Sotolongo, un periodista de 36 años del sitio web de noticias Cubanet, quien fue detenido en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando salía de las manifestaciones el 11 de julio. Los oficiales lo interrogaron reiteradamente y le dijeron que no volvería a ver a su familia. Solo se le permitió hacer una llamada telefónica 10 días después de su arresto. Pasó parte de su detención con otros ocho detenidos en una celda de un metro y medio por dos metros, con escasa ventilación, luz y acceso al agua.
Fue liberado el 19 de agosto, pero oficiales le dijeron reiteradamente que debía abandonar el país. En diciembre, él y su pareja huyeron. Han solicitado asilo en Estados Unidos.
Agentes de las fuerzas de seguridad arrestaron a Elier Padrón Romero, ayudante de albañilería de 26 años, el 21 de julio en La Güinera, un barrio de bajos recursos en la provincia de La Habana. Su madre dijo que los oficiales lo golpearon a él y a otros detenidos diciendo que “si seguían pensando así los iban a desaparecer”.
En diciembre, un tribunal de La Habana condenó a Padrón Romero por “sedición” porque supuestamente incitó a personas a sumarse a una protesta del 12 de julio y a “seguir adelante” contra un cordón policial. Fue condenado a 15 años de prisión. Tras una apelación, el Tribunal Supremo redujo la pena a 10 años.
Las autoridades cubanas, denuncia Human Rights Watch, también han tomado medidas para desmantelar el limitado espacio cívico que permitió que las protestas ocurrieran. En mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo código penal que incluye múltiples normas vagas e imprecisas que podrían ser utilizadas para criminalizar la oposición pacífica al gobierno. El nuevo código también establece la pena de muerte para varios delitos, incluido el de “sedición”, un cargo empleado contra muchos manifestantes del 11 de julio, y “actos contra la independencia del Estado”.
“Los valientes manifestantes que salieron a las calles el año pasado en Cuba tienen sobradas razones para pensar que han sido abandonados por gran parte de la comunidad internacional”, dijo Pappier.