A pesar de que las autoridades del régimen de Nicolás Maduro intentan obstruir la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de lesa humanidad, el fiscal del tribunal con sede en La Haya, Karim Khan, informó de su intención de continuar la investigación, precisó Human Rights Watch.
Desde el 15 de abril la investigación de la CPI fue aplazada ya que Venezuela alegó estar investigando 124 casos de los cuales la Fiscalía de la CPI había solicitado información. La solicitud se realizó basado en el artículo 18(2) del tratado de la CPI, “que permite a los países solicitar el aplazamiento de una investigación de la CPI cuando puedan demostrar que están investigando o han investigado delitos que se encuentran bajo la jurisdicción de la corte”.
Sin embargo, a pesar de la solicitud del régimen venezolano, Khan dijo en una carta al panel de los jueces de la CPI que les pediría rechazar la solicitud.
La directora de Human Rights Watch para las Américas, Tamara Taraciuk Broner, aseguró que a intención de Khan de continuar la investigación es “una señal positiva”. “Es esencial que el fiscal de la CPI demuestre un compromiso claro con las víctimas, las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil que buscan justicia por los abusos sufridos por los venezolanos.
Maduro intentó aplazar la investigación de la CPI sobre Venezuela. La intención del fiscal de continuar es una señal positiva. Su presencia en Caracas debe servir para realizar investigaciones sólidas, incluyendo de cadena de mando.Nota de @hrw_espanolhttps://t.co/inCK4VVvL7 pic.twitter.com/VinwJtL9qY
— Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) April 22, 2022
En la última visita de Khan a Venezuela, hubo cierta preocupación pues solo se reunió con el gobierno de Nicolás Maduro, no con víctimas o comunidades afectadas. Sin embargo, anunció que se establecería una oficina de la CPI en el país, indicó HRW.
“Es fundamental que la CPI utilice su presencia en Caracas para realizar investigaciones sólidas sobre los abusos presuntamente cometidos por las autoridades venezolanas, incluyendo la responsabilidad a lo largo de la cadena de mando”, dijo la organización pro derechos humanos.
De los 124 casos que la Fiscalía solicitó información y que Venezuela aseguró tener “una voluntad genuina” de investigar, 116 se encuentran bajo investigación preliminar, 5 en etapa de juicio y 3 han resultado en condenas.
“El poder judicial de Venezuela no ha investigado adecuadamente los abusos generalizados a pesar de que existen pruebas convincentes de que ocurrieron, y la impunidad por violaciones de derechos humanos sigue siendo la norma”, concluyó Human Rights Watch.